Montevideo, 30 oct (EFE).- No es necesario trasladar ilegalmente a las personas de un país a otro para cometer un delito de trata, sino que es una realidad más amplia que implica el desarraigo de la víctima, explicó hoy en Uruguay la representante de la Organización Internacional de Migraciones (OIM) para América del Sur, Rosilyne Borland.
La migración no es «un punto imprescindible en la trata de personas», puesto que se puede llevar a cabo dentro de una misma localidad, al separar a la víctima de «sus redes de arraigo para poder controlarla».
Así lo expresó Borland durante su intervención en la «Conferencia internacional de asistencia a víctimas de trata» en Montevideo, donde expertos internacionales en esta materia compartieron doctrinas de prevención y protección para personas que padecen este tipo de explotación y aclararon conceptos.
«La trata de personas es una violación de derechos por definición, mientras que el tráfico de inmigrantes es el paso fronterizo ilícito y organizado», estableció la representante de OIM.
Otro de los temas a los que Borland hizo especial mención es que la firma de un contrato o la expresión de consentimiento oral por parte de las víctimas no exonera a los responsables de su explotación, siempre y cuando haya habido componentes de coacción, fraude o engaño en el acuerdo.
«Muchas veces aceptan trabajar en un sector, pero desconocen las condiciones laborales», argumentó.
La coordinadora del programa de atención «CasAbierta», Sandra Ortiz, que atiende en Montevideo a mujeres que fueron explotadas sexualmente, alertó también durante este encuentro de un significativo aumento de personas que requirieron sus servicios, de 360 a 564 víctimas en este último año.
El informe de 2014 del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Trata de Personas denunció que en Uruguay la mayoría de las víctimas «son mujeres y niñas uruguayas explotadas para el tráfico sexual, generalmente en bares en la ciudad y en las zonas turísticas».
Esta realidad no es ajena a los representantes de Gobierno de Uruguay presentes durante la conferencia, quienes afirmaron estar llevando a cabo un trabajo «interministerial» para luchar contra estos delitos.
La directora del Grupo de Género del Ministerio uruguayo de Interior, Marisa Lindner, hizo énfasis en que un actor importante, que se suele olvidar cuando se habla de explotación sexual, es el consumidor, que «permite sostener todo ese sistema».
Por su parte, Jorge Morandeira, en representación del Ministerio uruguayo de Turismo, denunció el uso del término «turismo sexual» y aseveró que a esta actividad «se le tiene que llamar delinquir».
Para Borland, lo fundamental es que los distintos organismos de atención aseguren «la confidencialidad y seguridad» de las víctimas y les informen adecuadamente de los protocolos de asistencia aplicados.
La trata de personas comparte rasgos con «la violencia doméstica y la tortura», por lo que «no debemos replicar esas sensaciones de falta de control» cuando intentamos ayudar a los que la padecieron, sentenció. EFE