Caracas, 26 nov (EFE).- Los tribunales de Venezuela investigan 191 de los 72.000 casos de violaciones a derechos humanos perpetrados entre 1958 y 1999 en la llamada «guerra sucia» contra grupos de izquierdas y guerrilleros, informó hoy la Fiscalía General.
Las 191 causas judiciales en marcha ya han permitido imputar diversos delitos de lesa humanidad a cuatro acusados «y una persona ya ha sido condenada», dijo hoy la titular de la Fiscalía, Luisa Ortega, sin identificar a ninguno de los cinco.
Se han identificado 885 víctimas mortales, «lo que comprueba la magnitud de los crímenes de Estado», añadió en un acto en el que tomó juramento a integrantes de un equipo de apoyo a la Comisión por la Justicia y por la Verdad, creada para el efecto el año pasado.
Entre los 72.000 casos constan 1.635 de desapariciones forzadas durante los 40 años de la IV República, como se conoce el período de Gobiernos socialdemócratas y democristianos que se alternaron en el poder tras el fin de la dictadura militar en 1958 y hasta el primer triunfo electoral de Hugo Chávez, en diciembre de 1998.
La fiscal general de Venezuela informó el pasado 5 de octubre que entonces se acusó formalmente ante los tribunales a tres jefes de organismos de seguridad de la época, entre ellos al director general durante 1982 de la luego extinta Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), Remberto Uzcátegui.
Asimismo, al entonces director de Inteligencia del organismo, José Domínguez Yépez, y al comandante del Batallón de Cazadores del Ejército, Ismael Antonio Guzmán.
Los tres fueron acusados de los delitos de «concurso real de homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva y quebrantamiento de pactos, tratados y convenios internacionales».
También acusó como encubridores de los mismos delitos al fiscal militar de la época, Luis Velie Guerra, y al médico forense Guillermo Solano.
Adicionalmente, Solano fue acusado de violar la Ley de Ejercicio de la Medicina con la «emisión de certificaciones falsas» sobre las causas de las muertes.
Todos están involucrados en la llamada «Masacre de Cantaura», un aparente ataque militar perpetrado por sorpresa el 4 de octubre de 1982 en un campamento contra una veintena de activistas de izquierda en la localidad de Cantaura, en el oriente venezolano.
La fiscal remarcó entonces, en un programa de televisión dirigido por el periodista José Vicente Rangel, titular de varios cargos durante la Presidencia de Chávez (1999-2013), que «hay personas» que «tratan de borrar la historia pasada» en busca de una impunidad que ahora combate la Fiscalía.
En la presentación en 2008 de su libro «La Desaparición Forzada en Venezuela«, Rangel subrayó que ese tipo de prácticas contra activistas de izquierdas «no empezó en las dictaduras militares del Cono Sur americano, sino en gobiernos democráticos de Venezuela«.
Las desapariciones sistemáticas de militantes, las torturas, las muertes en supuestos enfrentamientos forjados y otras prácticas de «la guerra sucia» se iniciaron, de acuerdo con Rangel, durante el Gobierno del presidente socialdemócrata Raúl Leoni (1964-1969).
La fiscal general añadió hoy que ya «se logró dar con los restos y su posterior entrega a familiares de cinco ciudadanos», entre ellos Alberto Rudas Mesones, Alberto Lovera y Noél Rodríguez.
El cuerpo de Rodríguez, militante de Bandera Roja -un grupo que en la actualidad forma parte de la oposición a la llamada Revolución Bolivariana iniciada por Chávez y continuada por su mentor y sucesor, el presidente Nicolás Maduro– fue hallado en 2012 en una tumba sin nombre en uno de los cementerios de Caracas. EFE