Naciones Unidas, 15 dic (EFE).- El Consejo de Seguridad de la ONU abordará la próxima semana la situación de los derechos humanos en Corea del Norte, según decidieron hoy sus miembros en una reunión a puerta cerrada.
Sobre la mesa estarán los abusos masivos y sistemáticos detallados el pasado febrero por una comisión de investigación de Naciones Unidas y la petición de la Asamblea General para referir el caso a la Corte Penal Internacional (CPI).
El debate se celebrará el lunes 22 o el martes 23 de diciembre y contará con la presencia de altos cargos de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y del Departamento de Asuntos Políticos de la organización, dijeron fuentes diplomáticas.
La reunión fue solicitada por diez de los quince miembros del Consejo de Seguridad (Australia, Chile, Francia, Jordania, Lituania, Luxemburgo, Corea del Sur, el Reino Unido y Estados Unidos) y por ahora será inscrita en la agenda del órgano como un punto provisional.
Si llegado el momento algún miembro se pronunciase en contra de celebrar la cita, la decisión sería sometida a votación, explicaron las mismas fuentes.
En ella se requeriría una mayoría simple y no habría opción de veto por parte de ningún país, lo que excluye la posibilidad de que China, tradicional apoyo de Pyongyang, pueda frenar la iniciativa por su cuenta.
El debate llegará después de que la Asamblea General de la ONU pidiera el mes pasado al Consejo que considere la posibilidad de llevar los supuestos crímenes en Corea del Norte ante la CPI.
El llamamiento se hizo a través de una resolución no vinculante impulsada por la Unión Europea y Japón, que recibió 111 votos a favor, 55 abstenciones y 19 votos en contra, entre ellos, los de Rusia y China, miembros permanentes del Consejo.
Dado que Corea del Norte no ha aceptado la jurisdicción de la CPI, solo una decisión del Consejo de Seguridad puede referir los abusos cometidos en el país al tribunal con sede en La Haya.
La investigación de la ONU reveló evidencias de «exterminio, asesinato, esclavitud, desaparición forzosa, ejecuciones sumarias, torturas, violencia sexual, abortos forzosos, privación de alimento, desplazamiento forzoso de poblaciones y persecución por motivos políticos, religiosos, racionales o de género».
Según el detallado informe, hasta 120.000 prisioneros políticos están retenidos en cuatro grandes campos de trabajo, donde son privados deliberadamente de alimentos como forma de control y castigo y sometidos a trabajos forzosos.
El presidente de la comisión de investigación, el juez australiano Michael Kirby, escribió en febrero al líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, para advertirle que como máximo responsable del Estado debe asumir su responsabilidad sobre esos crímenes, incluso si no ha participado directamente en ellos.
Ante la amenaza de poder terminar ante la Justicia internacional, el régimen norcoreano ha llevado a cabo en los últimos meses una amplia campaña para defender la situación de los derechos humanos en el país.
Entre otras cosas, Pyongyang mostró por primera vez en mucho tiempo su disposición a cooperar con la ONU e invitó a dos de sus representantes a visitar el país para analizar la situación de los derechos humanos sobre el terreno. EFE