Ginebra, 23 dic (EFE).- Los últimos meses de conflicto armado en Libia, de dimensiones tribales y políticas, han conllevado la muerte de cientos de personas y el desplazamiento de más de 200.000, según el último informe de la ONU sobre la situación en este país.
La portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Ravina Shamdasani, confirmó hoy que algunos de los crímenes denunciados en ese documento pueden considerarse «crímenes de guerra».
Los enfrentamientos entre diversos grupos armados en el este, oeste y en el sur del país también han colocado a las poblaciones atrapadas por la guerra en una situación humanitaria calamitosa.
El informe, en el que se describe la situación de los derechos humanos en el último trimestre, documenta bombardeos indiscriminados contra áreas civiles, secuestro de civiles, torturas, ejecuciones y destrucción de propiedades.
En el área de Warshafana, al oeste de Libia, los combates entre grupos armados rivales causaron la muerte de un centenar de personas y heridas a medio millar, además de obligar a que 120.000 residentes abandonaran sus hogares, además de la falta de suministros de alimentos y medicinas, en el periodo entre agosto y principios de octubre pasado.
En las montañas de Nafusa, limítrofes con Warshafana, otras 170 personas murieron en ese periodo, según la información recogida conjuntamente por la Misión de Apoyo de Naciones Unidas en Libia y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que envió una misión al país para corroborar las informaciones recibidas.
Además, la ONU cuenta con personal que hace un seguimiento de la situación desde Túnez, en colaboración con defensores de los derechos humanos, instituciones y familiares de víctimas, o con ellas mismas.
En Bengasi, donde el conflicto cobró gran dimensión en octubre, 450 personas han muerto y unas 15.000 familias (equivalente a unas 90.000 personas) se han visto forzadas a huir de la ciudad.
Los datos de víctimas mortales corresponden al análisis de la información procedente de los registros de hospitales.
Otra tendencia que denuncia la ONU es que docenas de civiles son secuestrados por alguna de las partes en conflicto únicamente debido a que son sospechosos de pertenecer a determinado clan, familia, tribu o profesar una u otra fe.
Frecuentemente, los secuestrados se convierten en rehenes que sirven para ser intercambiados por prisioneros de grupos enemigos.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, advirtió a todas las partes implicadas en el conflicto sirio de que las violaciones graves de las normas del derecho internacional pueden ser motivo de persecución penal.
Esto incluye a los comandantes de los grupos armados rebeldes, y no sólo a la jerarquía del Ejército, contra quienes la Corte Penal Internacional, que está investigando lo que ocurre en Libia, puede abrir un proceso. EFE
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