La Paz, 23 dic (EFE).- Instituciones de defensa de los derechos humanos criticaron hoy duramente al ministro boliviano de Salud, Juan Carlos Calvimontes, por revelar que un magistrado enfrentado al Gobierno en un juicio padece sida, lo que vulnera una ley que protege la reserva sobre las personas que sufren esa enfermedad.
El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, emitió un comunicado en el que expresó «su indignación y la protesta» por las declaraciones de Calvimontes en las que dio a conocer la enfermedad que en 2012 le diagnosticaron al juez.
Legalmente el nombre del magistrado no puede darse a conocer públicamente asociado a la enfermedad sin su consentimiento expreso, recordaron sus abogados y las organizaciones defensores de los derechos del sector de enfermos con VIH-Sida.
Calvimontes dijo el lunes que da a conocer la información porque el juez, que enfrenta un juicio por supuesta prevaricación planteado por el partido gubernamental en el Senado, es atendido por programas médicos del Estado pero ha dejado de consumir su medicación para la tuberculosis ganglionar que contrajo a consecuencia de sus bajas defensas.
Según el ministro, no es justo que se culpe al Gobierno por la salud y la evolución de la enfermedad del magistrado, «porque este mal (VIH-Sida) es de absoluta responsabilidad de quien lo contrajo».
El Defensor del Pueblo dijo que Calvimontes atentó «contra los derechos y las garantías constitucionales y legales» del juez.
«La condenable acción del ministro Calvimontes, que obedece a fines estrictamente políticos que buscan la descalificación del magistrado, incurren también en actos de discriminación y afectación de los derechos de una autoridad elegida por el pueblo», que además es miembro de un pueblo indígena, señala el comunicado del Defensor.
Asimismo, exige que el Comité de Lucha contra el Racismo y toda forma de Discriminación inicie las acciones legales en este caso, que el Gobierno pida disculpas al magistrado y se apliquen medidas necesarias para garantizar un tratamiento médico adecuado.
La ley para la prevención del VIH-sida y la protección de los derechos de quienes viven con esa enfermedad, promulgada por el presidente Evo Morales en 2007, establece el «principio de confidencialidad», «el derecho a la privacidad» sobre el estado serológico de un enfermo y el «derecho a la reserva de su identidad y situación».
Asimismo, establece que «las personas que viven con VIH-sida no deberán ser objeto de publicaciones en prensa escrita ni televisiva, sin su conocimiento expreso».
En medio de la lluvia de críticas contra el ministro boliviano y al ser consultado sobre el tema, el presidente Morales expresó hoy su solidaridad con el magistrado y pidió a Calvimontes que haga «todos los esfuerzos para salvarlo de la enfermedad que tiene».
El abogado del magistrado, Eduardo León, dijo que la declaración de Calvimontes es «cobarde» y busca «matar civilmente» a su cliente, y anunció que además de hacer las quejas y reclamos ante el Colegio Médico de La Paz, presentará demandas penales contra el ministro.
Los asesores de la Red Nacional de Personas que viven con el VIH-sida en Bolivia (Redbol) anunciaron que se sumarán a las demandas legales y la extenderán a los medios que difundieron la identidad del afectado asociado a la enfermedad.
El Colegio Médico de La Paz dijo que se trata de un falta grave de Calvimontes y si el magistrado presenta una queja al Tribunal de Ética de esa institución se considerará el caso, cuya máxima sanción sería la suspensión de la matriculación como médico del ministro. EFE