Londres, 18 feb (EFE).- El Gobierno británico admitió hoy que las normas por las que se han regido desde 2010 sus agencias de inteligencia para espiar comunicaciones privadas entre abogados y sus clientes no cumplen con la Convención Europea de Derechos Humanos.
Londres ha reconocido esas prácticas ante el avance de las pesquisas del Tribunal de Poderes de Investigación (IPT) -el órgano que atiende quejas sobre los servicios secretos en el Reino Unido- acerca del caso del ciudadano libio Abdel Hakim Belhaj, que denunció las escuchas de conversaciones secretas con su letrado.
«Admitimos que las políticas adoptadas desde 2010 no han cumplido por completo los requerimientos de la Convención Europea de Derechos Humanos, específicamente en relación al artículo 8 (derecho a la privacidad)», manifestó hoy en un comunicado un portavoz del Ejecutivo británico.
Esa concesión «está relacionada con las políticas y procedimientos con los que las agencias manejan las comunicaciones legalmente privilegiadas», detalló ese portavoz.
«Eso no quiere decir que haya existido ninguna actuación deliberadamente errónea por parte de las agencias de seguridad e inteligencia, que siempre se han tomado extremadamente en serio su obligación de proteger el material legalmente privilegiado», matizó.
El pasado noviembre, el tribunal IPT dio a conocer documentos clasificados hasta entonces en los que el llamado centro de escuchas británico (GCHQ) instaba a sus trabajadores a «en principio interceptar las comunicaciones de los abogados».
Esas directivas instaban a «valorar con detenimiento la necesidad y la proporcionalidad» de esas intervenciones.
El servicio de inteligencia MI5, dedicado a la seguridad interior en el Reino Unido, daba por su parte instrucciones a sus agentes para que la información protegida por el secreto profesional entre los letrados y sus clientes se utilizara «como cualquier otro ítem de inteligencia».
El Tribunal de Poderes de Investigación ya dictó una sentencia contraria a las prácticas del GCHQ a principios de febrero, cuando determinó que los programas de vigilancia masiva en internet fueron contrarios a la ley.
El IPT afirmó que los espías británicos no debía haber tenido acceso a material que había sido recolectado previamente sin autorización por agencias de espionaje extranjeras como la NSA estadounidense. EFE