Brasilia, 18 mar (EFE).- La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, acuciada por masivas protestas, un escándalo en la estatal Petrobras y una estrepitosa caída de su popularidad, presentó hoy unas nuevas medidas para endurecer el combate a la corrupción y la impunidad.
«Mi compromiso contra la corrupción es coherente con mi vida personal, mi práctica política y mi actuación como presidenta», dijo Rousseff, para quien el Estado tiene el deber de «investigar y castigar la corrupción de una forma rápida y efectiva», incluso para «garantizar la protección de los inocentes».
Por las corruptelas en Petrobras, que salpican también a 18 empresas privadas, están bajo investigación 50 políticos, entre los que figura el tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), Joao Vaccari, por supuestas maniobras dirigidas a obtener dinero de la estatal para financiar campañas de esa formación.
Una de las medidas anunciadas, que como las otras dependerá de la aprobación del Congreso, va en esa dirección y tipifica como delito penal el ocultamiento de dinero obtenido por los partidos para sus campañas, una práctica que hoy sólo es considerada como infracción de tipo electoral y castigada con meras sanciones administrativas.
«Vamos a enfrentar esa cuestión de forma bien abierta, pues así se atenderá una demanda de la población, que quiere elecciones más transparentes y limpias», declaró Rousseff, cuyo Gobierno fue blanco el pasado domingo de multitudinarias protestas contra la corrupción y también por la delicada situación económica del país.
Otras medidas proponen reglamentar y agilizar los trámites para la confiscación de los bienes obtenidos a través de la corrupción y facilitar su subasta, a fin de recuperar el dinero robado al Estado mediante esas prácticas.
También se propone extender a todos los empleados públicos del país una ley que hasta ahora rige sólo para los políticos e impide que postulen a cargos oficiales si responden a algún proceso ante los tribunales o han sido declarados culpables de delitos contra el patrimonio público o de tipo penal.
Asimismo, se pide revisar las leyes contra el enriquecimiento ilícito en el sentido de que se abran investigaciones judiciales en todos los casos en que los bienes declarados a las autoridades por los empleados públicos no sean acordes a sus niveles de ingreso.
Otra de las medidas anunciadas reglamenta una ley contra la corrupción ya aprobada en las cámaras y referida a las prácticas ilícitas en el ámbito privado, la cual endurece las penas para los empresarios que se involucren en delitos contra el erario público.
Rousseff, como ha hecho en los últimos días, sobre todo después de las protestas del domingo, aseguró que «todos los brasileños», incluso aquellos que no la respaldan, «saben que la corrupción no fue inventada recientemente».
Esa última frase pareció aludir a confesiones de exdirectivos de Petrobras implicados en las corruptelas, que han asegurado que las prácticas ilícitas en la empresa se remontan a 1997, cuando el país era gobernado por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
Las medidas contra la corrupción fueron presentadas al mismo tiempo que activistas del movimiento Sin Techo protestaban en varias ciudades del país contra un ajuste fiscal adoptado por el Gobierno para atajar una crítica situación económica.
Según los manifestantes, que se distanciaron de posturas que toman cuerpo en la oposición y persiguen la apertura de un juicio político con miras a la destitución de Rousseff, el ajuste fiscal ha afectado planes de viviendas populares prometidos por la mandataria.
Rousseff fue reelegida en octubre pasado en segunda vuelta con un 51,6 % de los votos, frente al 48,3 % que obtuvo el senador opositor Aécio Neves, pero su popularidad ha caído en picado desde entonces.
Esa tendencia fue confirmada por una encuesta difundida hoy por el instituto Datafolha, según la cual la tasa de aprobación del Gobierno ha caído al 13 %, un mínimo histórico para una gestión que aún no ha llegado a sus primeros tres meses.
Datafolha apuntó que ese índice sólo supera en cuatro puntos porcentuales al 9 % que tenía el Gobierno de Fernando Collor de Melo en septiembre de 1992, unos meses antes de que renunciara debido a escándalos de corrupción por los que enfrentaba un juicio político en el Congreso. EFE