Buenos Aires, 19 mar (EFE).- Un fiscal general pidió hoy a la Justicia argentina investigar la denuncia presentada por el fallecido Alberto Nisman contra la presidenta argentina, Cristina Fernández, por presunto encubrimiento de sospechosos iraníes de un atentado contra intereses judíos.
El fiscal Germán Moldes solicitó revocar el fallo en primera instancia del juez federal Daniel Rafecas, quien desestimó la denuncia contra la mandataria argentina y varios colaboradores presentada por Nisman cuatro días antes de morir en circunstancias aún sin aclarar.
En su escrito ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Moldes sostuvo la apelación realizada por su colega Gerardo Pollicita y destacó que es necesario investigar porque «lo contrario importa la renuncia a la verdad» y a la «justicia».
Además, solicitó también realizar medidas de prueba para «poder arribar a una conclusión válida».
Moldes consideró que «inapropiada» y «prematura» la decisión de Rafecas favorable a Fernández.
«Así como la lentitud exaspera, desanima y a veces, indigna, la aceleración precipitada e imprudente con frecuencia lastima, confunde culpables con inocentes y suele desembocar en desilusión», advirtió el fiscal en su presentación.
La decisión de investigar las acusaciones de Nisman o de desestimarlas recae ahora en los tres jueces de la Sala I de la Cámara Federal, que tienen cinco días hábiles para pronunciarse.
Fernández fue acusada por Nisman de estar detrás de un plan para encubrir a los sospechosos iraníes del atentado contra la mutua judía AMIA en 1994, que se cobró 85 muertos.
La denuncia del fiscal alcanza al canciller argentino, Héctor Timerman, al diputado oficialista Andrés Larroque y a varios referentes kirchneristas e iraníes.
En su demanda judicial, Nisman, fiscal especial del caso AMIA, sostuvo que el memorándum de entendimiento firmado entre Argentina e Irán en 2013 pretendía «fabricar la inocencia» de los acusados iraníes, sobre los que pesan pedidos de búsqueda y captura emitidos por Interpol, y además acceder al petróleo de Teherán a cambio de granos.
La muerte del fiscal especial del caso AMIA, ocurrida el pasado 18 de enero, conmocionó a la sociedad argentina y supuso un duro golpe para el Gobierno al inicio del año electoral, que culminará con los comicios presidenciales del próximo octubre.
Tras dos meses del deceso de Nisman, la investigación sigue sembrada de dudas y contradicciones, entre las que sobresalen las diferentes posturas sostenidas por los investigadores oficiales y los de la querella, encabezada por la exmujer de Nisman, Sandra Arroyo Salgado.
Arroyo Salgado asegura que «a Nisman lo mataron», mientras que la fiscal Viviana Fein, a cargo de la investigación oficial, considera que no hay pruebas concluyentes para descartar el suicidio.
Mientras, la relación entre el fiscal y el único imputado, Diego Lagomarsino, se complica cada día más con nuevas revelaciones, entre las que esta semana se ha conocido que compartían una cuenta bancaria en Estados Unidos y que Lagomarsino entregaba la mitad de su sueldo a su jefe.
La denuncia contra Fernández ha acrecentado las críticas de la mandataria contra el Poder Judicial y ha abierto una división en su seno.
La presidenta ha visto, además, como prosperaba otra causa abierta por distintas irregularidades en la gestora de uno de sus hoteles en la Patagonia argentina.
También el vicepresidente argentino, Amado Boudou, tiene problemas con la justicia, ya que está procesado por presuntas negociaciones incompatibles con su cargo y por cohecho pasivo en el caso de la compra irregular de la imprenta de papel moneda Ciccone Calcográfica, a través de la empresa The Old Fund. EFE