El presidente editor del diario venezolano El Nacional, Miguel Henrique Otero, afirmó hoy que el periódico no cambiará su línea editorial tras la demanda por difamación del presidente del Parlamento, el oficialista Diosdado Cabello, impuesta en su contra y que calificó de «amenaza».
«A mí me pueden meter preso, pero el diario seguirá saliendo. El Nacional no va a cambiar su línea editorial. No lo van a callar con estas amenazas. Están muy equivocados. Todos son periodistas comprometidos y tienen fuerza para mantener el periódico», aseguró Otero en una entrevista publicada hoy en las páginas del rotativo.
Según el editor presidente de El Nacional la prohibición de salida del país impuesta en su contra por un tribunal venezolano es una medida del Gobierno de NicolásMaduro que busca «la hegemonía comunicacional» y «la desaparición del periodismo independiente».
El pasado 21 de abril Cabello presentó una demanda contra los medios venezolanos que se hicieron eco de una información del diario español ABC en la que se aseguraba que el presidente del Parlamento estaría siendo investigado por una fiscalía de Nueva York por supuestos vínculos con el narcotráfico.
El pasado martes, según medios locales, un tribunal de Caracas dictó la medida preventiva contra Otero; el director del semanario Tal Cual, Teodoro Petkoff; del diario digital La Patilla, Alberto Ravell, y de otros 19 representantes de estos medios, una lista que incluye a accionistas, directores, y consejo editorial.
Otero, que en una entrevista ayer al Canal colombiano NTN24 desde Miami afirmó que volverá a Venezuela para continuar con la dirección del diario, aseguró hoy en la entrevista en su periódico que el proceso contra él y los demás dueños de medios ha sido «totalmente irregular».
«Sin haber emitido boletas de citación, ordenan la prohibición de salida del país, una cosa totalmente irregular. Así funciona la justicia en Venezuela, donde los jueces dependen y reciben órdenes directas del Gobierno. La justicia no existe, es un instrumento del Ejecutivo para criminalizar a la disidencia», sostuvo entonces.
La orden judicial contra 22 directivos de medios venezolanos fue condenada ayer por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) a través de su presidente, Gustavo Mohme, quien declaró que es una muestra de que el sistema judicial venezolano «es utilizado como un instrumento del poder político». EFE (I)