El secuestro de la niña Daniela Mora, hija del director de un organismo público encargado de proteger a funcionarios, líderes sociales, periodistas y defensores de derechos humanos amenazados, ha movilizado a Colombia, que repudia un rapto frente al que se han pronunciado incluso organismos internacionales.
El rastro de la pequeña, de 11 años, se perdió ayer por la tarde cuando al salir de una clase que tomaba fuera del horario escolar en un instituto, se subió al vehículo en el que habitualmente se desplazaba para volver a casa en la ciudad de Cúcuta, limítrofe con Venezuela.
Desconocidos interceptaron el vehículo dejando al chofer abandonado en las afueras de Cúcuta, capital de departamento de Norte de Santander.
Los ecos del caso llegaron en pocos minutos a todos los medios de Colombia por el alto cargo que desempeña su padre, Diego Fernando Mora, quien es director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), dependiente del Ministerio de Interior.
Mora llegó a este destacado organismo, que protege a más de 2.500 ciudadanos, el pasado enero, y según medios locales, recientemente había destapado varios casos de corrupción, como el uso de vehículos de la entidad para transportar gasolina de contrabando desde Venezuela.
Sin saber aún las causas del secuestro, lo cierto es que Cúcuta ha sido tomada por un impresionante despliegue policial de unos 600 agentes de diferentes especialidades a los que anoche se adelantó un grupo especializado en antisecuestro y antiextorsión para peinar los alrededores en busca de pistas.
Con este fin, el Gobierno ha lanzado una recompensa a quien pueda aportar información para encontrar a la menor, que ha sido subiendo con el transcurso de las horas: de 100 millones de pesos (unos 40.000 dólares), a primera hora de la mañana se llegó a 300 millones de pesos (unos 120.000 dólares).
«La prioridad es encontrarla sana y salva», dijo el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, que sigue en detalle el operativo.
Toda la cadena del Ejecutivo, desde el presidente, Juan Manuel Santos, se ha referido al caso, que ha generado el rechazo unánime de la sociedad.
«Es un hecho horrible, esperamos que tenga una pronta solución», declaró hoy el presidente, quien remarcó que las autoridades están «haciendo todo lo que está a su alcance para recuperar» a la pequeña, en tanto que su número dos, el vicepresidente Germán Vargas Lleras, calificó lo ocurrido como «aterrador».
Según Santos, en lo que va de este año los casos de secuestro en el país se han reducido un 70 % en comparación con 2014, «que fue el más bajo de los últimos 35 años», lo que no ha evitado que la cuestión de la seguridad esté en un primer plano.
La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA), por ejemplo, destacó que el secuestro «es uno de los delitos con mayor impacto en la vida de las víctimas, sus familias y las comunidades que las deben padecer», y que «lamentablemente se ha generalizado en países con conflictos armados extensos como Colombia«.
Por su parte, la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos declaró que el secuestro «debe terminar de forma inmediata» en el país e instó a las autoridades a sancionar «de manera adecuada» esta práctica.
La condena por el secuestro de Daniela se ha extendido incluso hasta la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el principal sindicato de Colombia, que expresó su rechazo en un comunicado.
Mientras, Cúcuta es un hervidero de medios de comunicación que buscar dibujar el perfil de esta ciudad, frecuentemente noticia por los numerosos casos de contrabando que allí se detectan procedentes de Venezuela, país al que se ha pedido colaboración.
«Ya hubo una coordinación anoche donde se coordinó (con autoridades venezolanas) que nos colaboren y no se facilite el paso de la niña hacia el vecino país venezolano», dijo a periodistas el gobernador del Norte de Santander, Edgar Díaz Contreras.
Los compañeros de clase de la pequeña pasaron gran parte de la mañana realizando actos de apoyo a Daniela y a su familia y construyendo pancartas en las que piden que se deje a los niños «fuera del conflicto».
«Queremos decirle a los captores por favor liberen ya a Daniela, un menor de edad no puede estar en este conflicto», declaró Nixon Martínez, uno de los profesores de la menor, que definió el delito como un «hecho lamentable, doloroso, e inhumano». EFE [I]