La oficina de la ONU en Colombia expresó hoy su «profunda preocupación» por la «crítica situación» que viven cerca de 200.000 personas en el suroeste del país tras un ataque de las FARC contra un oleoducto que causó un desastre ambiental y contaminación del agua.
El coordinador humanitario de Naciones Unidas en Colombia, Fabrizio Hochschild, determinó que ese ataque ha generado una «crisis socioambiental sin precedentes en la región», según un comunicado de la ONU.
El funcionario visitó en una misión humanitaria de dos días la ciudad de Tumaco, en el departamento de Nariño, limítrofe con Ecuador, y recorrió los ríos Mira y Caunapí, los más afectados por una mancha que contaminó el agua tras el atentado el pasado 22 de junio contra el oleoducto Transandino.
Tras esa visita, la ONU destacó que hay limitaciones a acceso de agua para 160.000 personas en Tumaco y de 20.000 más en zonas rurales circundantes.
Asimismo, detalló que las comunidades indígenas y afrocolombianas que viven en los ríos y esteros contaminados por el derrame de crudo padecen afectaciones de salud, incluyendo problemas respiratorios y de la piel.
Entre los más afectados se encuentran niños y mujeres y, además, escuelas han tenido que interrumpir su labor por la contaminación.
Se estima que entre 8.000 y 10.000 barriles de crudo fueron vertidos a los ríos como consecuencia del ataque contra el oleoducto Transandino, lo que ha afectado más del 70 % de los manglares del entorno.
En opinión de la ONU, las consecuencias ambientales y sociales de este atentado «son devastadoras para una población que desde hace años padece toda clase de impactos del conflicto armado y se cuenta entre las más pobres y abandonadas de Colombia».
El organismo se mostró particularmente preocupado por los efectos de esta contaminación que van a prolongarse durante mucho tiempo y pidió a los autores del ataque «eliminar de su repertorio bélico este tipo de acciones que victimizan a los colombianos más vulnerables».
La ONU también pidió que se inicie una reducción de la intensidad del conflicto que «permitirá aliviar el sufrimiento de la población civil y recuperar la confianza indispensable para que las negociaciones de La Habana culminen en un acuerdo de paz».
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) mantienen desplegada una ofensiva desde el pasado 22 de mayo, cuando suspendieron el alto el fuego unilateral e indefinido que mantuvieron durante cinco meses por la muerte de 27 guerrilleros en un bombardeo de la Fuerza Aérea.
El aumento de ataques ha puesto en alerta al Gobierno de Juan Manuel Santos, que se ha mostrado partidario de acelerar los diálogos de paz que mantienen con el grupo armado desde finales de 2012. EFE [I]