La multitud de colombianos que vuelven de Venezuela deportados o por cuenta propia ante la campaña contra el contrabando y los paramilitares del presidente de ese país, Nicolás Maduro, indigna a sus compatriotas que sienten que han sido convertidos en chivos expiatorios.
Los problemas de la frontera no son nuevos, pero ni siquiera en el ya lejano 1987, cuando los dos países movilizaron sus flotas navales y estuvieron a punto de irse a la guerra por los límites en el golfo deVenezuela, llamado Coquivacoa en Colombia, se vio una política parecida a quienes fueron a ese país atraídos por la bonanza de otros tiempos.
Las imágenes de miles de colombianos de todas las edades, desde ancianos hasta niños, atravesando el manso río Táchira con el agua a la cintura o al cuello y sus pocos enseres en la espalda ha causado una honda conmoción en Colombia donde la sociedad se pregunta hasta dónde llegará la situación.
La percepción en Colombia es que esta práctica no tiene nada que ver con la persecución al contrabando, que lo hay desde hace décadas a lo largo de los 2.219 kilómetros de frontera común y que, como tituló hoy un diario, se trata de una «humillante expulsión».
Tampoco se ve qué tenga que ver con los supuestos paramilitares denunciados por Maduro, sino que se trata de una cortina de humo para distraer la atención de los problemas internos, según el expresidente mexicano Vicente Fox, que participó esta semana en un foro en Bogotá.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, alzó el martes la voz contra la política del Gobierno de Maduro, que al amparo de un estado de excepción en una franja fronteriza del estado Táchira ha expulsado a familias enteras de colombianos, otras han sido divididas por tener entre sus miembros ciudadanos venezolanos y algunas casas demolidas.
«Al Gobierno de Venezuela le exigimos respeto por todos los colombianos, desde los más humildes hasta los más poderosos, desde los más cercanos a nuestro Gobierno hasta los que nos critican ferozmente», dijo el mandatario, pero en su país crecen las voces que piden algo más que declaraciones.
Los colombianos son conscientes de que una acción militar es impensable, entre otras cosas por la tradición civilista de Colombia y su respeto a las normas del sistema interamericano, y alaban la sensatez mostrada por Santos ante la crisis en la frontera, sin caer en la provocación, pero al mismo tiempo exigen más contundencia en la respuesta del Gobierno.
Y es que la diplomacia falló en su primera valoración del cierre de la frontera ordenado por Maduro, inicialmente por 72 horas, al que la canciller colombiana, María Ángela Holguín, consideró «una decisión soberana», desconociendo que la interrupción de cualquier paso fronterizo tiene efectos innegables sobre dos países.
Ese episodio recuerda el de «el tal paro agrario no existe» del presidente Santos hace justo dos años, cuando estaba empezando una huelga del campo colombiano que paralizó las principales carreteras del país durante dos semanas.
El propio Santos corrigió esa apreciación de su canciller el pasado sábado, día en el que advirtió que «cuando se cierra la frontera y no hay coordinación los únicos que ganan son los delincuentes», es decir que entre países hermanos que no tienen un conflicto declarado, este tipo de decisiones no pueden tomarse de manera unilateral.
Maduro, por su parte, argumenta que quien «irrespeta» a los colombianos son «los que los expulsan de su país, los que no les dan vivienda, los que no les dan trabajo, los que no les dan educación».
Pasada la sorpresa inicial, el país se pregunta cuál es el camino que el Gobierno debe seguir para frenar los malos tratos a los colombianos que el propio Santos consideró «inaceptables» e «intolerables».
El expresidente César Gaviria, que fue secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), recomendó que el Gobierno de Santos recurra al derecho internacional parar denunciar que el tratamiento que han recibido los colombianos en el país vecino «es inhumano, violatorio de todas las convenciones de derechos humanos, de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano».
El procurador general, Alejandro Ordóñez, que visitó este martes a los deportados en la frontera, considera que las agresiones denunciadas pueden ser llevadas incluso «ante la Corte Penal Internacional porque estamos frente a delitos de lesa humanidad».
La OEA no se manifiesta si no lo pide unas de las partes involucradas, pero los colombianos confían en que otras instancias de la comunidad internacional, como la ONU, puedan ejercer sus buenos oficios para que la normalidad retorne a la frontera. EFE [I]