PANAMÁ (AP) — La Corte Suprema de Justicia de Panamá ordenó la detención provisional del expresidente Ricardo Martinelli, quien está fuera del país desde fines de enero, para que enfrente acusaciones sobre presuntas escuchas ilegales contra más de un centenar de personas durante su mandato.
El pleno del máximo tribunal facultó al juez de garantías del caso, Jerónimo Mejía, para que gestione esa medida, aunque no entró en detalles.
Martinelli, quien es actualmente diputado del Parlamento Centroamericano, reside actualmente en Estados Unidos, lo que implicaría que Panamá tendría que tramitar el arresto y extradición del exgobernante para que comparezca ante el tribunal.
La corte admitió así una solicitud del fiscal del caso de ordenar la detención del exlíder conservador y magnate de los supermercados de 63 años, luego de que el juez Mejía lo declarase en rebeldía al no comparecer a una audiencia el 11 de diciembre.
La detención provisional «encuentra plena justificación por razón de la evidente desatención al proceso por parte del investigado, a pesar de los requerimientos jurisdiccionales y de las víctimas para que comparezca», destaca la resolución de la corte, leída por el magistrado Luis Mario Carrasco.
La decisión se tomó después que el fiscal del caso, Harry Díaz, los abogados de varios querellantes y de la defensa de Martinelli formularan sus argumentos ante los nueve jueces.
Se trata de un caso inédito en la historia judicial del país. Como Martinelli es diputado regional, es procesado por la corte y mediante un novedoso sistema penal acusatorio que exige la presencia del exgobernante en el estrado.
Martinelli, quien ha denunciado que es blanco de persecución política y que no enfrenta personalmente a la justicia por considerar que no cuenta con las garantías en Panamá, dijo la víspera que el pleno iba a pedir su detención.
«Al igual que aquellos que hoy están detenidos ilegalmente, soy víctima de los expedientes amañados, de los testigos coaccionados o fabricados y de las cada vez más evidentes violaciones a la presunción de inocencia y del debido proceso», afirmó en una misiva el domingo.
La defensa de Martinelli puso en duda la validez de la medida y advirtió que acudirá a las instancias jurídicas internacionales. «No se le ha respetado el debido proceso al exmandatario. Esta decisión no procede porque a nuestro cliente no se le han imputado cargos aún», dijo el abogado Carlos Carrillo.
El abogado Miguel Antonio Bernal, una de las supuestas víctimas de las escuchas ilegales, se expresó satisfecho. «Es lo que procedía. Martinelli tiene que venir a responder por los abusos contra los derechos humanos durante su gobierno».
El llamado caso de los «pinchazos» es el más adelantado de media docena de procesos admitidos en la corte contra el exmandatario y entre los que figuran señalamientos de corrupción.
De acuerdo con las investigaciones, bajo las órdenes de Martinelli se realizaron presuntamente interceptaciones ilícitas de las comunicaciones de al menos 150 personas, entre ellos opositores políticos, líderes de la sociedad civil, sindicalistas, empresarios y periodistas entre 2012 y 2014.
Para ello, agrega la fiscalía, se utilizaron recursos, personal y aparatos para intervenir —desde el Consejo de Seguridad de la presidencia— correos electrónicos, tarjetas de memoria y agendas telefónicas, así como ejecutar grabaciones de conversaciones confidenciales de teléfonos móviles y fijos.
La investigación cuenta con las revelaciones de un testigo protegido y declaraciones de excolaboradores de Martinelli. Dos exjefes del Consejo de Seguridad —Gustavo Pérez y Alejandro Garúz— están detenidos desde inicios de año y enfrentarán a juicio en marzo.
Los delitos a los que se enfrentaría Martinelli, según la fiscalía, tienen que ver contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, contra la administración pública y diferentes formas de peculado que podrían castigarse con un máximo de 21 años de cárcel.
Martinelli gobernó Panamá entre 2009 y 2014, periodo en el cual el país centroamericano vivió un auge económico sin precedentes aunque acompañado de denuncias de supuestos sobrecostos y corrupción en contrataciones públicas. (I)