La violación impune a los derechos humanos en América, con énfasis en la violencia de género, la persecución a periodistas y minorías, la falta de libertad de expresión y el hacinamiento carcelario centraron hoy las principales críticas de Human Rights Watch (HRW) en su último informe anual.
Titulado «La política del miedo amenaza los derechos», la ONG difundió sus observaciones sobre los derechos humanos en el mundo y señaló que los ataques terroristas, la crisis de los refugiados, sumado a una amplia represión global, han deteriorado significativamente a las sociedades.
HRW fue muy crítico con Venezuela, Cuba, Ecuador y Bolivia, donde denunció varios casos de abuso de autoridad, persecución a la oposición, además de la promulgación de leyes que limitan las libertades de las minorías como los indígenas, los afrodescendientes y los colectivos de sexualidad alternativa.
Sobre Brasil expresó su preocupación por la violación de los derechos humanos en la cárceles, el hacinamiento y las continuas denuncias de ejecuciones a manos de policías.
«Brasil debe asegurar justicia en casos de ejecuciones ilegales perpetradas por policías y de tortura, así como tomar medidas más efectivas para mitigar las condiciones inhumanas que imperan en sus cárceles, que están gravemente sobrepobladas», señaló HRW.
La ONG reiteró que la «población civil de Colombia sigue siendo víctima de graves abusos cometidos por guerrillas y grupos sucesores de paramilitares».
«La violencia asociada con el conflicto armado en Colombia ha provocado el desplazamiento forzado de más de 5,7 millones de personas, y cada año más de 200.000 abandonan su hogar, lo cual ha generado la segunda población más grande del mundo de desplazados internos», indica el documento.
HRW expresó su preocupación sobre la nueva Ley de Comunicación en Ecuador, porque «tiene disposiciones poco precisas, regula a los medios audiovisuales y escritos de un modo que avanza sobre la libertad de prensa», mientras el Gobierno sigue «exponiendo a miembros de medios de comunicación a actos públicos de recriminación».
La violencia contra las mujeres y el trabajo infantil continúan siendo «alarmantes» en Bolivia, advirtió HRW, donde existen «amenazas a la independencia judicial y la impunidad de delitos violentos y violaciones de derechos humanos».
La ONG señaló que el Gobierno del presidente Evo Morales continúa «la persecución a los defensores de los derechos humanos y a los periodistas».
Los altos índices de criminalidad e impunidad en Honduras siguen siendo preocupantes por «la ineficaz» actuación y la «corrupción» de las «instituciones a cargo de la seguridad pública».
La falta de protección y los abusos en contra de las personas más vulnerables, periodistas y activistas campesinos están también a la orden del día en el país centroamericano.
Sobre Haití, alertó que los derechos humanos están en entredicho en medio de una inestabilidad política que agrava aún más los estragos que arrastra el país desde el terremoto de 2010.
Segun HRW, en Cuba no ha habido «mejoras» desde que restableció sus relaciones con EE.UU., pese a que «algunos presos políticos han sido liberados, pero, por lo demás, no ha cambiado nada».
Criticó, además, la política de EE.UU. hacia Cuba y dijo que «ha sido un fracaso total y no ha hecho nada para ayudar a los cubanos».
Sobre la crisis de los refugiados dijo que las políticas de EE.UU. son «irreflexivas, discriminatorias y perniciosas» y la actitud de algunos políticos está aumentado «la islamofobia flagrante y la demonización descarada» contra los inmigrantes centroamericanos y de Oriente Medio.
La ONG denunció que el Poder Judicial de Venezuela «prácticamente dejó de funcionar de forma independiente al Gobierno» desde que el chavismo y «sus partidarios en la Asamblea Nacional» asumieron «el control político de la Corte Suprema».
HRW censuró a las autoridades venezolanas por «aprovechar la falta de independencia del poder judicial en el país para detener y procesar criminalmente a prominentes opositores políticos», como Leopoldo López.
En México, señaló, «las fuerzas de seguridad se envolvieron en graves y repetidas violaciones de derechos humanos en operaciones contra el crimen organizado» y criticó que el Gobierno no ha luchado con firmeza por detener y juzgar esas acciones.
De Argentina destacó los «avances significativos en materia de derechos de personas LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y transexuales)» y el «juzgamiento de abusos cometidos» durante la última dictadura (1976-1983).
Sin embargo, HRW señaló que en el país suramericano «subsisten problemas como amenazas a la libertad de expresión, ausencia de legislación exhaustiva sobre libertad de información, abuso policial y condiciones carcelarias deficientes».
El informe destaca que la presidenta chilena, Michelle Bachelet, comenzó su segundo mandato con el «compromiso de abordar las desigualdades sociales y económicas, y se enfocó inicialmente en una reforma de los sistemas educativo y tributario».
Pero señala que si bien la justicia continúa juzgando a personas por abusos cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet, en algunos casos la Corte Suprema de Justicia «ha reducido las penas a niveles que no guardan relación con la gravedad de los delitos». EFE [I]