BOGOTÁ, Colombia (AP) — La Corte Constitucional de Colombia realizará el jueves una audiencia pública en la que expertos expondrán sus puntos de vista sobre un tesoro arqueológico que a finales del siglo XIX el gobierno colombiano regaló a la corona española y que ahora se pretende sea repatriado.
Se trata de 122 piezas precolombinas del llamado Tesoro Quimbaya que en 1893 el entonces presidente colombiano Carlos Holguín obsequió a la reina regente María Cristina de Habsburgo-Lorena «como testimonio de nuestro agradecimiento por el gran trabajo que se tomó en el estudio de nuestra cuestión de límites con Venezuela», según documentos de la época.
A través de una tutela o recurso de amparo, el demandante Felipe Rincón pretende que la Corte Constitucional, el máximo tribunal colombiano en asuntos de la Carta Magna, le ordene al gobierno de Bogotá poner en marcha todos los mecanismos a fin de que las 122 piezas vuelvan al país.
Este patrimonio arqueológico se encuentra actualmente en el Museo de América de Madrid, cuya directora, Concepción García Sáiz, intervendrá en la audiencia pública.
Terminada la audiencia, el alto tribunal se tomará un tiempo para hacer público su pronunciamiento final sobre el caso.
La historia judicial se remonta a septiembre de 2009 cuando un juzgado administrativo de Bogotá acogió una acción popular presentada por Rincón y calificó como inconstitucional el acto mediante el cual Holguín donó a España las 122 piezas, «bienes respecto de los cuales se predica su evidente connotación y valor histórico y cultural para nuestro pueblo, que hace parte de nuestra identidad nacional».
En consecuencia, el despacho judicial ordenó a varias entidades del Estado «llevar hasta su culminación todas las actuaciones de orden administrativo, jurídico, diplomáticos y económicos inclusive que sean necesarias tendientes a repatriar y/o readquirir las 122 piezas de oro de la cultura Quimbaya» pudiendo incluso para ello, como medida para su repatriación o readquisición, «indemnizar a los tenedores de buena fe».
Pero más adelante otras dos instancias judiciales del país parecieron desestimar las pretensiones de Rincón y casi que dejaron sin piso la decisión del juzgado de primera instancia. Finalmente la Corte Constitucional, al revisar la tutela de Rincón, le puso interés al asunto y convocó a la audiencia pública.
En la sentencia de 58 páginas de 2009 del juez Richard Navarro está consignada la historia del llamado Tesoro Quimbaya.
Las piezas hoy en disputa, halladas en una guaca en un corregimiento colombiano llamado Filandia, fueron vendidas en agosto de 1891 al gobierno de entonces por un particular llamado Fabio Lozano.
Eran 433 objetos con un peso en oro de 21.224 gramos. El Ejecutivo de entonces pagó por ellas una verdadera fortuna: 70.000 pesos de la época.
«Yo he hecho cálculos y con esa plata hoy en día se puede por ejemplo comprar un edificio», comentó a The Associated Press el abogado Rincón, quien además hizo hincapié en que el Tesoro Quimbaya «es un patrimonio cultural colombiano y merece estar en un museo colombiano».
Para el jurista de 50 años, si la Corte Constitucional falla favorablemente la tutela le podrá ordenar al gobierno que active los mecanismos establecidos en la convención de la Unesco de 1972 sobre repatriación de bienes culturales.
En su concepto, el asunto es relativamente fácil de resolver: está probado que las 122 piezas fueron compradas con dinero público y por tanto no podían ser regaladas por el gobierno de fines del siglo XIX porque era un bien de todos los colombianos.
Y una pregunta clave: si Lozano vendió al Estado 433 objetos y a España le fueron regalados 122, ¿qué se hicieron los 311 restantes? «Parece que se esfumaron», observó.
Lo que Colombia pretende que le devuelvan no es algo de poca monta. Son, al decir de Rincón, piezas de una calidad altísima porque los quimbayas manejaban una calidad de orfebrería excelsa.
En diciembre pasado, el presidente Juan Manuel Santos anunció el hallazgo del Galeón San José o el más grande y buscado tesoro del Caribe que está sumergido frente a las costas de Barú, Colombia, muy cerca de las islas del Rosario.
España reclama la propiedad. (I)
Por LIBARDO CARDONA, Associated Press