Londres (EFE).- Turquía registró un grave deterioro de los derechos fundamentales en 2015, sobre todo tras las elecciones generales de junio y el estallido un mes después de la violencia entre el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y las fuerzas armadas turcas, según Amnistía Internacional.
El informe de AI sobre «La situación de los derechos humanos en el mundo» destaca la presión contra los medios de comunicación turcos por parte del Gobierno, que afectó a la libertad de expresión, así como las violaciones del derecho a la libertad de reunión pacífica.
Periodistas fueron despedidos por criticar al gobierno, algunos fueron acosados y agredidos por la policía, y se abrieron causas penales injustas por el mismo motivo contra activistas políticos.
AI cita, entre otros, el caso del redactor jefe del diario Cumhuriyet, Can Düdar, y su representante en Ankara, Erdem Gü, quienes podrían ser condenados a cadena perpetua tras ser acusados de espionaje, revelación de secretos de Estado y colaboración con organización terrorista por publicar que los servicios de inteligencia habían transferido armas a un grupo armado en Siria en 2014.
El entonces primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, ahora presidente, había declarado que los camiones transportaban ayuda humanitaria.
El presidente del Colegio de Abogados de Diyarbakir y conocido defensor de los derechos humanos, Tahir Elçi, murió por disparos después de ofrecer un comunicado de prensa, y se teme por la imparcialidad y eficacia de la investigación.
Elçi había sido amenazado de muerte por decir que el PKK no era «una organización terrorista, sino un movimiento político armado con un apoyo considerable».
Se siguió enjuiciando y condenando a manifestantes pacíficos, por tercer año se negó la autorización para las manifestaciones del Día Internacional del Trabajo y, por primera vez en sus 12 años de historia, se disolvió violentamente la marcha del Orgullo en Estambul.
También se redujo la independencia del poder judicial, continuaron los nombramientos y traslados por motivos políticos de jueces y fiscales, y los Tribunales Penales de Paz estuvieron sometidos a un control gubernamental creciente.
Aumentaron los casos de uso excesivo de la fuerza policial, como en el caso de Nihat Kazanhan, de 12 años, que murió por disparos de un agente en Cizre cuando arrojaba piedras a la policía, los malos tratos a detenidos y otros tratos inhumanos o degradantes en operaciones policiales o militares contra el PKK.
Mientras, persistió la impunidad por los abusos cometidos por funcionarios públicos.
El informe destaca asimismo que Turquía acogía el pasado año a 2,5 millones de refugiados y solicitantes de asilo, cada vez más expuestos a la detención arbitraria y la expulsión. EFE (I)
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