Venezuela (AP) — El Tribunal Supremo de Justicia emitió el martes una sentencia que limita las funciones contraloras del legislativo, decisión que se registró unas horas antes de que la Asamblea Nacional comenzara a discutir un informe que declara viciada la elección de 13 de sus magistrados y plantea la reapertura del proceso de selección.
En un abierto choque de poderes, la Sala Constitucional del máximo tribunal dictaminó que la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, «no está legitimada» para revisar, anular o revocar la designación de magistrados, y estableció que la revisión de los procesos anteriores de selección de los integrantes del Tribunal Supremo «sería evidentemente inconstitucional».
Asimismo, la Corte sentenció que el Congreso puede ejercer el control parlamentario sobre el Ejecutivo, pero «no sobre el resto de los Poderes Públicos (Judicial, Ciudadano y Electoral)», ni las gobernaciones, alcaldías y la fuerza armada.
El dictamen también impuso limitaciones al Legislativo para citar a los funcionarios, y determinó que pueden contestar «por escrito» las inquietudes de los congresistas.
«Esto no es una sorpresa», afirmó el presidente de la Asamblea Nacional, diputado opositor Henry Ramos Allup, al referirse a la sentencia del Tribunal Supremo, y dijo que en los próximos días el legislativo dará una respuesta formal al dictamen.
Por su parte, Henrique Capriles, gobernador del estado central de Miranda, llamó a la oposición a impulsar todos los mecanismos constitucionales para adelantar el cese del gobierno del presidente Nicolás Maduro. El ex candidato presidencial inició el mes pasado una gira por el país para impulsar un proceso de revocatoria de mandato de Maduro que alcanzará en 2016 la mitad de su mandato de seis años.
La sentencia fue difundida a pocas horas que la Asamblea Nacional sometiera a discusión el informe de una comisión especial que concluyó que se cometieron violaciones a las leyes en el proceso que siguió el anterior congreso, días antes de la culminación de su período, para nombrar 13 magistrados principales y 21 suplentes del máximo tribunal.
«No hay ninguna duda de que el acto administrativo hecho para elegir el 23 de diciembre a los 13 magistrados y 21 suplentes está viciado», dijo a The Associated Pres el diputado opositor Carlos Berrizbeitia, presidente de la comisión especial que investigó el proceso. Afirmó que se incumplieron los lapsos legales para los nombramientos y se vulneró la normativa que prohíbe a los jueces tener filiaciones políticas.
Berrizbeitia indicó que la comisión especial obtuvo pruebas que demuestran que algunos de los magistrados que salieron de sus cargos en 2015 fueron «extorsionados para que adelantaran sus jubilaciones» y permitir así a la anterior Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, nombrar nuevos jueces.
El congresista difundió este martes en la sesión un audio de la exmagistrada Carmen Porras en el que la funcionaria denunció que fue forzada a adelantar su jubilación por decisión del alto gobierno.
Las autoridades no han emitido hasta el momento comentarios sobre el caso.
En los casi dos meses de actividades del nuevo legislativo la mayoría opositora se enfrentó al Tribunal Supremo de Justicia por la suspensión de tres diputados del estado sureño de Amazonas y la ratificación de un decreto de emergencia económica de Maduro. En los dos enfrentamientos el máximo tribunal logró imponer sus decisiones a la Asamblea Nacional. [I]