Guatemala, 6 jun (EFE).- Un juez de Guatemala reprogramó hoy para el próximo lunes la audiencia de primera declaración contra 49 implicados en un caso de saqueo al Estado, entre ellos el expresidente Otto Pérez Molina, por falta de los medios de prueba para que los abogados realicen una defensa técnica adecuada.
El juez Miguel Ángel Gálvez, que preside el Juzgado B de Mayor Riesgo, también argumentó falta de condiciones en la sala para celebrar la audiencia por el numeroso grupo de señalados en este caso, en el que se les implica en lavado de dinero, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y financiación electoral ilícita, entre otros.
El abogado de Pérez Molina, César Calderón, dijo durante la diligencia que el Ministerio Público (MP) solo les había entregado un CD con información desordenada e incompleta que no era suficiente para defender a su cliente.
A esa petición se unieron la mayoría de abogados de los 33 sindicados que asistieron este lunes a la audiencia, de los 49 que según el Ministerio Público (MP) están supuestamente involucrados en el caso que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) ha denominado como «cooptación del Estado«.
«La condición en la que estamos no es la adecuada, ya lo puse en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, aquí no podemos trabajar», argumentó el juez para suspender la diligencia.
Además de los sindicados y sus abogados, en la pequeña sala estaban aglomerados agentes del Sistema Penitenciario y del Organismo Judicial, así como los medios de comunicación.
«Se están violando las garantías de los procesados, hasta la mía», reconoció el juez en referencia a la falta de condiciones en el lugar para celebrar la diligencia judicial.
Acotó también que «es imposible pedirle a los abogados que participen (en la audiencia) si no saben cómo defender a sus patrocinados».
Gálvez explicó que además de los medios de investigación realizados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) y la Cicig, también están las declaraciones de otras siete personas que dieron su testimonio «anticipado» al juzgado.
Entre ellos, dijo, figuran las de Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien también está implicada en el saqueo de los recursos del Estado.
Juan Carlos Monzón es considerado una figura clave en el esquema de corrupción que acusa la Fiscalía. Su hermana, Irma Rebeca Monzón era embajadora de Guatemala en el Ecuador durante la presidencia de Pérez Molina.
El juez aseguró que estas personas que ya declararon ya han sido ligadas a proceso por delitos de lavado de dinero, entre otros.
«Toda esta información también se la tenemos que dar a los abogados», sostuvo, al reprogramar para el próximo lunes a las 09.00 hora local (15.00 GMT) la audiencia.
El Ministerio Público, según Gálvez, tiene plazo hasta el próximo miércoles para entregar todos los medios de prueba en digital a los abogados y por escrito al juzgado.
La estructura de saqueo del Estado, que supuestamente lideraron Pérez Molina y Baldetti, se comenzó a desarticular el pasado jueves en Guatemala.
Tanto la fiscal general, Thelma Aldana, como el comisionado de la Cicig, el jurista colombiano Iván Velásquez, aseguran que el exbinomio presidencial creó un «emporio criminal» desde antes de llegar al poder, el 14 de enero de 2012, respaldados por el Partido Patriota (PP).
En declaraciones a una emisora local, ambos reiteraron que inicialmente se crearon empresas para recibir fondos ilícitos para financiar la campaña electoral de Pérez Molina y Baldetti en 2008 y en 2011.
Al asumir el poder, se fortaleció la «maquinaria» para cobrar las comisiones por los contratos que daban a sus financistas y esto les habría generado unos 500 millones de quetzales (unos 65 millones de dólares).
Según Velásquez, el 60 % de las comisiones era para el exbinomio presidencial y el 40 % para el resto de la organización, entre los que figuran exfuncionarios, abogados, contratistas y empleados del Congreso, entre otros.
Pérez Molina y Baldetti, detenidos el año pasado, son acusados de ser los cabecillas de la trama de defraudación aduanera conocida como «La Línea» y de dirigir otra estructura que le dejó unos 24,5 millones de dólares por otorgar un contrato a la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
La fiscal general aclaró que por ahora solo se está investigando al Partido Patriota porque este colectivo se convirtió en «un verdadero cuerpo ilegal». EFE.