MADRID (AP) — Veinticinco millones de votantes españoles acudirán el 26 de junio a una repetición de su elección presidencial, algo que no tiene precedentes. Los políticos elegidos en diciembre fracasaron en acordar quiénes de ellos deberían formar un gobierno, lo que puso a España en medio de una transición política y dejó algunos de los principales problemas del país sin resolver.
Con casi cinco millones de personas sin trabajo, no resulta sorprendente que las encuestas muestren, de manera consistente, que el desempleo es la mayor preocupación de los españoles.
El conservador Partido Popular espera que su logro de sacar a la economía del abismo durante la reciente crisis financiera de la eurozona los favorecerá, aunque no todo lo que el partido prometió hace cuatro años se ha materializado.
España salió de la recesión a finales de 2013 y ahora es una de las economías de más rápido crecimiento en la Unión Europea. El PP redujo el desempleo, una de sus prioridades en el gobierno durante los últimos cuatro años. Pero al 21% la tasa de desempleo sigue siendo la segunda mayor en la UE después de Grecia y hay poca diferencia de cómo era cuando el PP llegó al poder en 2011.
Además de eso, bajo el PP España no ha logrado cumplir otra promesa, la de llevar el déficit presupuestario por debajo del límite del 3% de la UE. Autoridades de la Unión Europea han ampliado el plazo de 2016 para esa meta, pero España enfrenta una posible sanción y órdenes desde Bruselas para aplicar más medidas de austeridad.
«El PP no ha reparado la economía, ni dado lugar a una recuperación real del empleo», dijo el profesor de ciencias políticas, Jaime Ferri Dura, de la Universidad Complutense de Madrid. «Las familias españolas aún están fuertemente endeudadas, maltratadas, frente a muchas adversidades y con un alto grado de desempleo».
Difícilmente pasa un día sin algún nuevo acontecimiento en los escándalos de corrupción que involucran a los partidos políticos o gente asociada a ellos. Los incesantes escándalos han afectado principalmente al gobierno de transición del Partido Popular del primer ministro Mariano Rajoy y contribuyeron a su pérdida de votos y escaños en la elección de diciembre en comparación con 2011.
Sin embargo, las encuestas indican que el partido está recuperando terreno y que sus seguidores podrían estar dispuestos a pasar por alto los innumerables escándalos que los atormentan con el fin de mantener a los partidos de centro-izquierda fuera del gobierno.
El mayor problema del PP es el llamado caso Gurtel que involucra un entramado de sobornos por contratos, uno de los escándalos más grandes en la historia de los partidos políticos españoles. Quien fuera tesorero del partido por mucho tiempo, Luis Bárcenas, ahora en la cárcel, confesó que ha habido un entramado de contribuciones ilegales y donaciones al partido y que altos funcionarios siempre fueron conscientes de ello. El PP niega haber cometido cualquier ilegalidad.
Luego está el ex jefe del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, quien es investigado por supuesto fraude fiscal, lavado de dinero y corrupción. Rato era una figura prominente en el Partido Popular y fue ministro de economía bajo el ex primer ministro José María Aznar.
Los del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se defienden a sí mismos en dos escándalos que son menores en escala que los que involucran al PP. Ex miembros del PSOE, incluyendo ex líderes regionales, presuntamente dirigieron un esquema fraudulento que canalizaba fondos públicos para el pago de indemnizaciones a empresas en supuestos problemas financieros. Aparte, supuestamente pagaron subvenciones para cursos de capacitación profesional que nunca ocurrieron.
Ahora los cuatro partidos principales están prometiendo atacar con seriedad la corrupción si consiguen la presidencia.
El problema persistente de independencia económica y política de la poderosa Cataluña ha dividido esa región y ha tensado las relaciones políticas con el resto de España. También fue uno de los principales obstáculos para alcanzar un acuerdo y formar un gobierno entre el PSOE y el nuevo partido de extrema izquierda, Podemos, tras la elección de diciembre.
El gobierno de la región nororiental, con sede en Barcelona, pretende seguir adelante con los preparativos para romper con España, pese a que sabe que sin un acuerdo con Madrid y sin apoyo internacional, la separación es una quimera.
La mayoría de la gente en Cataluña, aunque no necesariamente está de acuerdo con la independencia, siente que los votantes de la región deben ser capaces de celebrar un referendo sobre ella. La idea del referendo es respaldada por Podemos, pero rechazada por otros partidos a nivel nacional, que apoyan las negociaciones para delegar más poder a Cataluña.
El surgimiento de grietas dentro de la coalición gobernante de la región entre conservadores, izquierdistas y radicales de izquierda también han debilitado la unidad por la independencia.
Las prolongadas y, en última instancia, infructuosas negociaciones para intentar formar un gobierno tras la última elección dejaron a los españoles desilusionados de sus políticos. Los expertos y las encuestas insinúan que la tasa de abstención podría crecer desde el 27% de diciembre, aunque tal vez no por mucho.
Mucha gente, dijo Ferri, siente que no tiene suficiente de qué preocuparse, que ya votaron y que es trabajo de los políticos ponerse de acuerdo sobre un gobierno.
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