La Fiscalía argentina pidió hoy embargar 4,66 millones de dólares hallados este jueves en cajas de seguridad de Florencia Kirchner, hija de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, en el marco de una causa que investiga a la empresa familiar Hotesur.
Según informaron fuentes jurídicas, se trata de una medida cautelar «que también alcanzaría a dos cajas de ahorros en dólares y en pesos».
La petición de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques deberá ser resuelto ahora por el juez federal Julian Ercolini, que investiga presuntas irregularidades en la firma Hotesur, administradora de hoteles, en la que Fernández es accionista.
En su dictamen, los representantes del Ministerio Público señalaron que la causa busca determinar si los expresidentes y sus hijos Florencia y Máximo resultaron beneficiarios en forma «sistemática y coordinada» de los pagos que los empresarios «favorecidos» por el Estado «habrían realizado a favor de ellos».
«Vía el alquiler de los complejos hoteleros de su propiedad y la falsa contratación de habitaciones, lo que les habría permitido, valiéndose de un entramado societario, otorgarle carácter legítimo al dinero obtenido -en gran medida- a través de la ilícita concesión de obra pública en perjuicio del erario público», añaden.
Asimismo, los fiscales sostienen que el pedido de embargo se sustenta «no solo en que la nombrada tendría una comprobada participación en el entramado societario», que se habría utilizado «para canalizar fondos de procedencia ilícita».
«Sino que a ello se debe sumar que -cuanto menos- parte del dinero hallado en su esfera de custodia se lo habrían proporcionado, en diferente carácter y circunstancia, sus progenitores», remarcan.
En la noche del jueves, un operativo ordenado por Ercolini en la casa central del Banco de Galicia, en Buenos Aires, culminó con la apertura de cajas de seguridad atribuidas a Florencia.
La Fiscalía confirmó la existencia de 4,66 millones de dólares.
Según detalla la agencia estatal de noticias Télam, la apertura había sido incluso pedida por la propia Kirchner tras la anterior decisión del juez de «fajarlas» para que no pudieran ser abiertas.
La hija de la exmandataria, de 26 años, pidió a través de su abogado que sus dos cajas de seguridad fueran abiertas «con premura» para evitar que «continuara el show mediático» alrededor del tema.
El caso Hotesur se abrió a raíz de una denuncia presentada en noviembre de 2014 por la diputada opositora Margarita Stolbizer, quien acusó a Fernández y a otros altos cargos del Gobierno de presuntos delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad en la gestión de la empresa.
Stolbizer aseguraba que el Hotel Alto Calafate, un establecimiento de lujo situado en la villa turística de El Calafate (sur), podría ser un alojamiento «fantasma» usado en su momento por el matrimonio Kirchner para hacer supuestos negocios irregulares junto al empresario Lázaro Baez.
En medio de esta situación, Fernández denunció la pasada semana a la legisladora y al juez federal Claudio Bonadío por «tráfico ilícito de información», poco después de que Stolbizer pidiera a la Justicia que investigue presuntos movimientos irregulares en las cuentas de la anterior jefa de Estado.
A juicio de la diputada, la ex jefa de Estado tiene diferentes cajas de seguridad no declaradas», en las que habría «unos 5 millones de dólares», con el fin de «ser sustraídos de los ojos de la Justicia».
Sin embargo, el pasado 11 de julio, Fernández aseguró, en escritos presentados ante la Justicia, que «no hubo ningún movimiento sospechoso en sus cuentas bancarias» y rechazó los cargos contra ella por presunto enriquecimiento ilícito, según confirmaron fuentes del caso a Efe.
La exmandataria reclamó «que se ponga fin a la campaña de persecución y hostigamiento que viene padeciendo, utilizándose a un sector del Poder Judicial con tales objetivos», dijeron las mismas fuentes. EFE (I)