Bakú, 22 oct (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, partió hoy rumbo a Irán en el marco de su gira exterior por la región tras reunirse en Bakú con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Alíev.
Maduro y Alíev, quien se ha mostrado dispuesto a congelar la extracción de crudo, conversaron sobre diversos asuntos bilaterales e internacionales, entre ellos la estabilización del mercado de petróleo.
Según la presidencia azerbaiyana, como resultado de las conversaciones se firmaron varios memorándum, uno de ellos sobre los mecanismos para consultas políticas entre sus ministerios de Exteriores.
«El objetivo de la visita es intercambiar puntos de vista sobre la regularización de los precios del petróleo en el marco de la crisis económica global que está viviendo el mundo», dijo Maduro, quien viaja acompañado por el ministro de Petróleo, Eulogio Del Pino, y la canciller Delcy Rodríguez.
Destacó que Caracas considera «importante» estrechar lazos, experiencia e información entre la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros exportadores, como es el caso de Azerbaiyán, que cuenta con ingentes recursos energéticos en el mar Caspio.
El líder venezolano ya se pronunció la víspera a su llegada a Bakú a favor de consensuar una fórmula de estabilizar el mercado del petróleo para los próximos diez años con el fin de evitar oscilaciones indeseables.
Ese mecanismo permitiría determinar el precio a largo plazo y así calcular de antemano el nivel de producción y la demanda mundial, aunque antes reconoció que habrá que estabilizar el mercado a corto plazo.
A juicio del mandatario, el mercado petrolero actual está dominado por «el caos» y «la especulación», por lo que los acuerdos buscan fijar un panorama «previsible» para los productores de crudo.
«De aquí vamos a la República Islámica de Irán para el respectivo encuentro con el presidente de la república (Hasán Rouhaní), con el ayatolá, para seguir avanzando en esta nueva y poderosa alianza para la eternidad del mercado petrolero», señaló Maduro el viernes.
La gira, que también le llevará a Catar y a Arabia Saudí, tiene lugar unas semanas antes de que el 30 de noviembre se celebre en Viena la reunión ministerial de la OPEP en la que los 14 países miembros deberán refrendar una congelación de la producción.
Según lo acordado por la OPEP en septiembre en Argelia, se proponen reducir en cerca de un millón de barriles de crudo la producción actual del cartel hasta dejarla en 32,5 millones de unidades diarias.
Al acuerdo prevén sumarse productores externos a la OPEP, como Omán, Rusia, Kazajistán y la propia Azerbaiyán.
El viaje de Maduro tiene lugar después de que el gobierno socialista bloqueó un referéndum revocatorio presidencial, una medida que según algunos líderes de la oposición equivalió a un golpe de Estado. La oposición exhortó a sus partidarios a salir a las calles y protestar, mientras que una importante figura del gobierno solicitó la detención de los críticos de alto perfil.
Aunque la «toma de Venezuela» está anunciada para el miércoles, la mañana de este sábado, cientos de mujeres protestan en una autopista de Caracas.
Según las encuestas, el presidente socialista Nicolás Maduro perdería una votación revocatoria, pero funcionarios electorales emitieron el jueves una orden de suspensión de recolección de las firmas necesarias para activar el referendo, justo una semana antes de que empezara.
«Lo que vimos ayer fue un golpe», dijo el excandidato presidencial Henrique Capriles, el principal promotor del intento de destitución de Maduro por medio de la consulta popular.
«Nosotros no queremos un golpe de Estado en Venezuela, nosotros no queremos un estallido social», agregó.
Los socialistas ganaron el poder hace casi dos décadas —con la elección para presidente del entonces popular Hugo Chávez— y durante años disfrutaron de victorias electorales fáciles, pero con la economía en caída libre, las encuestas muestran que la mayoría de los venezolanos se han vuelto contra el partido. Adicionalmente, con los años, el gobierno se ha vuelto poco a poco cada vez más autocrático.
Las autoridades han cerrado las estaciones de televisión críticas y han encarcelado a varios activistas destacados de la oposición.
El máximo tribunal del país, lleno de partidarios del gobierno, ha respaldado los poderes de decreto de Maduro y ha advertido que puede pasar por alto al Congreso, tras una victoria aplastante de la oposición en las elecciones legislativas.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) —que es controlado por el oficialismo— detuvo el proceso de consulta revocatoria alegando supuestas irregularidades en la primera ronda de recolección de firmas.
Las encuestas indican que el 80% de los votantes querían que Maduro dejara el poder este año. El CNE también ordenó el martes un aplazamiento de unos seis meses en elecciones para gobernador que fueron programadas para fin de año y que según la oposición tenía muchas probabilidades de ganar. No dio ninguna razón para la postergación.
La oposición sostiene que —en vista del descontento abrumador de los votantes_, el partido socialista ha decidido simplemente postergar las elecciones indefinidamente.
La coalición opositora convocó a una masiva protesta callejera el miércoles, cuando se suponía que debía haber comenzado la campaña de recolección de firmas.
Antes de salir del país, en un discurso televisado el viernes, Maduro llamó a la ciudadanía a mantener la calma.
«Quiero aprovechar para hacer un llamado a la tranquilidad, al diálogo, a la paz, al respeto a la justicia, al respeto y acatamiento de las leyes; a que nadie se vuelva loco», afirmó.
Mientras tanto, uno de sus aliados más poderosos, Diosdado Cabello, opinó que los principales líderes de la oposición debían ser encarcelados por intentar un fraude electoral. Algunos líderes de la oposición dijeron que el gobierno podría estar dando pasos en esa dirección.
Capriles y portavoz de la oposición Jesús Torrealba publicaron en línea el viernes lo que parecía ser una orden judicial de restricción para que ocho dirigentes no puedan salir del país. El documento no dio ninguna razón.
La oposición había centrado su energía en convocar a los venezolanos a firmar peticiones la semana próxima para exigir un referéndum sobre la expulsión de Maduro del poder. Para ello sería necesario recolectar y validar 4 millones de firmas del 20% de los electores dentro de tres días en cada uno de los 24 estados del país.
«Este es un problema grave y revela que el gobierno tenía miedo de lo que podría ocurrir en el periodo de tres días para la recolección de firmas. En los hechos, han pospuesto indefinidamente el voto revocatorio. Con esta medida es difícil considerar a Venezuela como una democracia», opinó David Smilde, un experto sobre Venezuela en la organización Washington Office on Latin America.
Sin embargo, la campaña ya se había vuelto mayormente simbólica, porque el CNE decidió en septiembre que no habría elecciones este año.
El manejo de los tiempos es crucial. Un referendo que efectivamente hubiera apoyado expulsar a Maduro este año habría desencadenado una elección presidencial y le habría dado a la oposición una buena oportunidad de llegar al poder. Sin embargo, si los votantes decidieran sacar a Maduro en 2017, su vicepresidente tendría que terminar el mandato presidencial, lo que dejaría a los socialistas a cargo.
El consejo electoral alegó el jueves que la decisión se basó en resoluciones de los tribunales en cuatro estados, según los cuales hubo fraude en la etapa inicial de la campaña de petición, cuando la oposición recogió firmas entre el 1% del electorado.
El propio CNE había validado esas firmas en agosto y permitió que el proceso siguiera adelante. No dio indicios de si se reanudará el proceso ni cuándo.