Un escándalo de un supuesto tráfico de influencias en el Gobierno brasileño causó hoy la sexta renuncia en seis meses en el gabinete del presidente Michel Temer, salpicó al mandatario y envalentonó a la oposición, que se plantea solicitar un juicio político en su contra.
La nueva crisis ha estallado hoy con la dimisión del ministro de la Secretaría de Gobierno, Gedder Vieira Lima, un hombre de la mayor confianza de Temer y que ha sido acusado ante la Policía Federal por el exministro de Cultura Marcelo Calero de someterle a presiones ilegales para resolver asuntos personales.
Según Calero, la presión apuntaba a que levantara el veto a la construcción de un edificio de 30 pisos en la ciudad de Salvador en el que Vieira Lima compró un apartamento sobre planos.
El proyecto no fue autorizado por el Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (Iphan), que depende del Ministerio de Cultura, y Calero atribuyó a esas maniobras de Vieira Lima su propia dimisión, presentada el pasado viernes.
El exministro de Cultura llevó el asunto a la Policía Federal, a la que declaró que llegó a discutir el caso con el propio Temer y con el ministro de la Presidencia, Eliseu Padilha, de quienes dijo haber recibido una presión similar.
La Policía Federal confirmó hoy que ha remitido a la Fiscalía General la declaración de Calero, a fin de que ese organismo decida si se debe iniciar una investigación formal sobre la actuación de Vieira Lima, pero no incluyó en el asunto ni a Temer ni a Padilha.
La crisis se agudizó después de que la prensa local informó de que Calero grabó algunas de las conversaciones que tuvo sobre el caso con Vieira Lima, con Padilha y también con Temer, lo que llevó las sospechas al propio despacho presidencial.
Este jueves, el portavoz del mandatario, Alexandre Parola, dijo que Temer admite haber conversado sobre el asunto con Calero, pero aseguró que lo hizo para intentar solucionar «divergencias» entre sus ministros y que sólo pidió una «solución técnica» para el caso.
Asimismo, Parola declaró que Temer había sido «sorprendido» por los «rumores» que afirmaban que el exministro había «grabado clandestinamente» su conversación con el mandatario.
Fuentes vinculadas a la investigación consultadas por Efe han confirmado la existencia de la grabación, pero no su tenor, y han aclarado que no tendría «ningún valor jurídico» pues no contaba con la debida autorización judicial, aunque según su contenido pudiera tener un «impacto político relevante».
De hecho, ese impacto comenzó a tener forma concreta hoy con la decisión del opositor Partido de los Trabajadores (PT) de iniciar consultas jurídicas sobre la supuesta responsabilidad de Temer.
«La renuncia del ministro Gedder Vieira Lima confirma toda la gravedad de las acusaciones, que pudieran implicar al presidente», dijo a Efe el diputado Afonso Florence, jefe en la Cámara Baja del PT, al que pertenece la exmandataria Dilma Rousseff, destituida en agosto pasado y sustituida por Temer.
«Es obvio que la renuncia de Vieira Lima es un movimiento del Gobierno de Temer para estancar la sangría y contener el desgaste, pero confirma que el asunto es muy grave y que va más allá» del ahora exministro, consideró el diputado del PT.
Florence dijo que el PT solicitará a las autoridades judiciales tanto el texto en que consta la declaración de Calero como el audio de esa supuesta grabación.
Confiado en que la justicia entregará esos documentos, agregó que luego el PT consultará a un grupo de «juristas por la democracia» para que determine, como se sospecha en el partido, si Temercometió o amparó un delito de tráfico de influencias.
De comprobarse ese extremo, «estaría configurado un delito de responsabilidad», que es como la Constitución brasileña define las causas que pueden llevar a la destitución de un mandatario, afirmó.
Una iniciativa similar anunció el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) mediante una nota oficial, en la que afirmó que «ahora sí no hay dudas de que estamos frente a un delito de responsabilidad».
En medio del escándalo, Temer optó por mantenerse en silencio, al menos durante los primeros embates, y se recluyó en el Palacio de la Alvorada, la residencia oficial de la Presidencia, donde ya tenía previsto un almuerzo con parlamentarios de su base política. EFE (I)