Buenos Aires, (EFE).- La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina renovó sus autoridades para 2017 en un trámite que fue polémico por ser el alto tribunal penal encargado de resolver si se reabre la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la expresidenta Cristina Fernández por encubrimiento de terroristas.
Según explicó la agencia estatal de noticias, Télam, la Cámara será presidida el año próximo por la magistrada Liliana Catucci, en reemplazo de Alejandro Slokar, mientras que Mariano Borinsky y Gustavo Hornos fueron apartados para 2017 de la función que cumplen en la sala I, encargada de resolver si reabre la denuncia que Nisman hizo cuatro días antes de aparecer sin vida en su casa.
Sin embargo, por el momento se prevé que ambos seguirán como jueces naturales, junto a Ana María Figueroa, miembro titular de la sala, en ese trámite de la denuncia del fiscal contra Fernández -presidenta de 2007 a 2015- y varios ex altos cargos de su Gobierno, por presuntamente encubrir a los sospechosos de realizar el ataque terrorista a la mutua judía AMIA, en 1994, que dejó 85 muertos.
Según señalaron fuentes judiciales citadas por Télam, la denuncia seguirá a cargo de esos tres camaristas porque ya tiene audiencia convocada para el 19 de diciembre próximo, todavía en 2016, para escuchar a las partes y, aunque la citación se postergue, el caso siempre seguirá en manos de estos mismos jueces.
Nisman, encargado de la investigación del atentado contra la AMIA, que sigue impune, hizo su denuncia contra Fernández y otros altos cargos de su Gobierno en enero de 2015, cuatro días antes de ser hallado muerto en su casa, con un disparo en la cabeza, en circunstancias aún por esclarecer.
El fiscal sostenía que un acuerdo suscrito entre Argentina e Irán en 2013 y que el Gobierno había dicho que serviría para avanzar en el esclarecimiento del ataque, buscaba en realidad encubrir a los sospechosos -entre ellos el expresidente iraní Alí Akbar Rafsanjani- a cambio de impulsar el intercambio comercial.
Finalmente, ese pacto nunca fue ratificado por Irán y en Argentina, luego de ser aprobado por el Parlamento, fue declarado inconstitucional.
La denuncia de Nisman recayó inicialmente en el tribunal del juez Daniel Rafecas, quien la desestimó poco tiempo después por inexistencia de delito, decisión que luego fue confirmada por dos tribunales de apelación de competencia superior.
Es así que el caso llegó a la Cámara de Casación tras admitir recursos presentados por la Fiscalía y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), el brazo político de la comunidad judía local, en contra de la decisión judicial de rechazar reabrir la denuncia de Nisman.
La sala I de la Cámara de Casación tiene también otras causas que afectan a la exmandataria (2007-2015), como las que investigan presuntas irregularidades en sociedades participadas por ella y el expediente en el que está procesada por la venta de futuros de dólar por parte del Banco Central al final de su mandato. EFE
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