Brasilia, 14 feb (EFE).- La Corte Suprema de Brasil decidió hoy mantener a Wellington Moreira Franco como ministro de la Secretaría General de la Presidencia, tras las medidas cautelares de jueces de primera instancia que anularon su nombramiento al estar salpicado por el caso de corrupción en Petrobras.
El magistrado del Tribunal Supremo Celso de Mello decidió mantener en el cargo a Moreira Franco, un hombre cercano al presidente de Brasil, Michel Temer, y también le garantizó la condición de fuero privilegiado, según un comunicado divulgado por el órgano.
Dos partidos opositores habían pedido la suspensión del nombramiento porque Moreira Franco fue citado en al menos una de las delaciones premiadas con la Justicia de los 77 exdirectivos de la constructora Odebrecht, implicada en el gigantesco caso de corrupción en la petrolera Petrobras, según filtraron medios locales.
El Gobierno brasileño anunció el nombramiento de Moreira Franco como ministro el pasado día 2, y un día después, tomó posesión del cargo.
No obstante, tras los recursos presentados por los partidos Rede Sostenibilidad y PSOL, varios jueces de primera instancia anularon de manera cautelar la decisión, la cual fue revocada posteriormente por tribunales regionales federales.
Según medios locales, en las confesiones realizadas por 77 exejecutivos de la constructora Odebrecht supuestamente se detallan el pago de sobornos por parte de la compañía a unos 200 políticos de todo el arco parlamentario.
Moreira Franco, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera Temer, era hasta su nombramiento como ministro el responsable de un plan de privatizaciones del Gobierno.
Con el fuero privilegiado como ministro, solo podrá ser juzgado por la Corte Suprema de Brasil, que suele ir más lenta en sus decisiones.
Los dos partidos que pidieron la anulación del nombramiento se apoyaron en una cautelar dictada en marzo de 2016 por un magistrado de la Corte Suprema, que impidió al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva ocupar un cargo en el gabinete de Dilma Rousseff, destituida en agosto pasado y reemplazada por Temer.
En ese momento, Lula era investigado por supuesta corrupción, lo que dio lugar al magistrado Gilmar Mendes a aceptar una demanda contra su nombramiento bajo la misma premisa de que le valdría la condición de aforado.
Esa cautelar nunca fue analizada por el pleno del Supremo, al cual Lula se dirigió la semana pasada para exigir una corrección de lo que calificó de «error histórico».
Según la prensa local, los testimonios dados por los exdirectivos de Odebrecht implicarían a decenas de políticos de varios partidos, y también pudieran salpicar al propio Temer, quien habría recibido dinero de esa empresa para campañas sin haberlo declarado ante las autoridades electorales, como impone la ley. EFE
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