El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó un nuevo decreto de «estado de excepción y emergencia económica» que restringe las garantías constitucionales en todo el territorio nacional como una medida para «preservar el orden interno», según publicó hoy la Gaceta Oficial.
El decreto establece la facultad del Ejecutivo nacional para que adopte «la medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas, y otros productos y servicios».
La norma señala además que «podrán ser restringidas las garantías» para el ejercicio de los derechos constitucionales, salvo las excepciones que estable la Constitución que son «el derecho a la vida, prohibición de comunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles».
El Gobierno venezolano podrá «diseñar y ejecutar planes de seguridad pública que hagan frente a las acciones desestabilizadoras que atenten contra la paz de la nación, la seguridad personal, y el resguardo de las instalaciones y bienes públicos y privados».
El presidente se facultó también para decidir «la suspensión temporal y excepcional de la ejecución de sanciones de carácter político» contra autoridades del poder público y altos funcionarios cuando estas obstaculicen la implementación de medidas económicas.
Este decreto permite al Gobierno, entre otras atribuciones, disponer de recursos sin control del Parlamento, así como de bienes y mercancías de empresas privadas para garantizar el abastecimiento, además de restringir el sistema monetario y el acceso a la moneda local y extranjera.
No obstante todas estas restricciones de orden económico ya estaban vigentes desde hace más de un año con un decreto anterior de «excepción y emergencia económica».
A través de este nuevo texto legal, el Ejecutivo venezolano argumenta como una de las razones para la implementación de estas medidas que «sectores nacionales e internacionales adversos a cualquier política pública de protección del pueblo venezolano (…) mantienen el asedio contra la recuperación de la economía venezolana».
Los decretos de estados de excepción, según la Constitución, requieren de la aprobación de la mayoría del Parlamento, controlado por la oposición y que actualmente se mantiene en «desacato» por parte del Tribunal Supremo de Justicia.
En esta ocasión el decreto será enviado directamente a la máxima corte para declarar su constitucionalidad, como ha ocurrido con todos los decretos anteriores que han mantenido restringidas las garantías desde enero de 2016. EFE
Víctima número 54
CARACAS (AP) — Un hombre pereció este martes tras ser herido en una manifestación que ocurrió en una localidad a las afueras de Caracas en la continuación de las protestas que han sacudido varias ciudades y han dejado cuatro fallecidos en las últimas horas.
Diego Arellano, de 31 años, murió en medio de una intervención quirúrgica a la que fue sometido tras sufrir una herida en el tórax por un disparo que recibió durante una protesta en San Antonio de los Altos, indicó la Fiscalía General.
San Antonio de los Altos, que está a unos 20 kilómetros al sur de Caracas, fue escenario de nuevas protestas cuando decenas de manifestantes bloquearon las vías en la continuación del “plantón nacional” que convocó la víspera la oposición. Centenares de guardias nacionales se presentaron en el lugar y nuevamente utilizaron gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los manifestantes, algunos con los rostros cubiertos con camisetas, que se enfrentaron a los uniformados lanzándoles piedras y otros objetos contundentes.
En la ciudad suroccidental de San Cristóbal, capital de estado Táchira, cientos de comercios, supermercados, panaderías, y pequeños locales cerraron este martes sus puertas y el transporte público suspendió sus actividades parcialmente ante el bloqueo de algunas vías y las amenazas de ataques que recibieron algunos comerciantes a través de panfletos anónimos que se lanzaron en las calles, indicó a The Associated Press Daniel Aguilar, presidente de la mayor cámara de empresarios de esa entidad.
Aguilar afirmó que la situación se ha tornado más tensa debido a la presencia en las calles de San Cristóbal de algunos motorizados armados que roban a los transeúntes que encuentran en la vía.
Las autoridades del Táchira no han ofrecido hasta el momento comentarios sobre la situación en esa entidad donde la víspera falleció el joven Luis Alviarez, de 18 años, y Diego Hernández, de 33 años, en protestas que se registraron en localidades próximas a San Cristóbal. La Fiscalía General informó que fue detenido un policía por su presunta vinculación con la muerte de Hernández.
Yeison Mora Castillo, de 17 años, falleció en la madrugada en un hospital al que había ingresado el lunes tras recibir un disparo en un ojo durante una manifestación en Ciudad Bolivia, estado Barinas, donde actuaron los cuerpos de seguridad para contener la protesta, dijo a la AP el diputado opositor Freddy Superlano desde la morgue, adonde fue llevado el cuerpo del joven para los estudios forenses.
La Fiscalía General indicó en un comunicado que el joven resultó herido durante una protesta en la que se presentó un grupo de personas que efectuaron varios disparos.
Mora Castillo, que era empleado de una ferretería, fue la tercera víctima que dejaron las protestas de la víspera que se registraron en todo el país en el marco del denominado “Plantón nacional”, que convocó la alianza opositora e implicó el bloqueo por varias horas de más de 50 vías en varios estados.
Durante las manifestaciones del lunes se reportaron varios heridos, entre ellos tres policías del estado de Carabobo. A su vez fueron detenidas 92 personas en los estados de Miranda, Bolívar, Carabobo, Mérida, Miranda, Táchira y la isla turística de Margarita, reportó la organización humanitaria Foro Penal Venezolano. Más de 1.000 personas han sido arrestadas temporalmente en medio de las protestas que se han prolongado por 45 días.
Las manifestaciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que se iniciaron a finales de marzo, han dejado hasta el momento 45 muertos, aunque la Fiscalía General solo reconoce 38.
Maduro activó a inicios de mes una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva carta magna que reemplace a la que está vigente desde 1999. El mandatario se ha negado a atender las exigencias de los sectores opositores que piden la realización de elecciones generales, la apertura de un canal humanitario para alimentos y medicinas, la liberación de los presos políticos y el respeto a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.
La tensión política, que se generó a raíz de dos sentencias que dictó a fines de marzo el Tribunal Supremo de Justicia contra el Congreso y que luego revirtió, ha generado preocupación en la comunidad internacional.
Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea instaron el lunes a las autoridades venezolanas a investigar los hechos de violencia, liberar los opositores detenidos y respetar los derechos constitucionales. Asimismo, la Organización de Estados Americanos (OEA) acordó una reunión de cancilleres para el 31 de mayo en la que se evaluará la crisis venezolana.
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