CARACAS (AP) — Miles de opositores venezolanos salieron el domingo a las calles a conmemorar la marca simbólica de 100 días de protestas antigubernamentales en medio de un panorama profundamente sombrío, en el que la violencia va en aumento y no se vislumbra una solución próxima a la grave crisis política, social y económica que azota al país.
«Hoy se cumplen cien días de un pueblo en resistencia, poniendo en riesgo su vida por la libertad de todos», dijo el diputado opositor José Manuel Olivares, quien prometió que seguirán en la calle hasta que se concrete un cambio de gobierno.
El legislador agregó que comenzará una nueva agenda “de calle” si el gobierno no acata un plebiscito del 16 de julio, no vinculante, convocado por la oposición para preguntar a los venezolanos si apoyan o no la redacción de una nueva constitución impulsada por el presidente Nicolás Maduro.
Los miembros de la Asamblea Constituyente serán elegidos el 30 de julio. La oposición no postuló candidatos luego de catalogar de inconstitucional el proceso constituyente porque el llamado de Maduro no contó con un referendo previo, como marca la ley, y sostienen que es parte de un plan para consolidar su poder.
Venezuela ha sido estremecida por protestas casi a diario desde finales de marzo, desencadenadas por el creciente descontento en contra de Maduro, y que han dejado más de 90 muertos, unos 1.400 heridos y cientos de detenidos. Proliferan además las denuncias de violaciones a los derechos humanos.
La oposición exige la libertad de los presos políticos y el adelanto de elecciones, además de acusar a Maduro de minar la democracia en el país.
Culpan a Maduro de los severos problemas sociales y económicos que impiden que la mayoría de los venezolanos logren satisfacer sus necesidades básicas y que están signados por la escasez de alimentos, medicinas, elevados costos de servicios de salud, así como habituales cortes de servicios de agua y de energía eléctrica, entre otros.
Desde el comienzo de las protestas, los logros son pocos. Entre ellos figura la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de otorgar el beneficio de arresto domiciliario al dirigente opositor Leopoldo López, considerado un preso político por varios gobiernos extranjeros y organizaciones de derechos humanos.
López fue trasladado el sábado a su casa después de más de tres años de estar recluido en una cárcel militar. Fue condenado a casi 14 años de prisión por promover una protesta en 2014 que dejó tres muertos y decenas de heridos.
Lilian Tintori, esposa de López declaró a la prensa durante la concentración del domingo, que la libertad del dirigente se «dio por la lucha que estamos haciendo en las calles de forma pacífica».
«No deben existir presos políticos. No hubo negociación para que Leopoldo este en su casa», acotó Tintori. Agregó que se trató de «una decisión unilateral del gobierno de Maduro», destacando que su esposo «sigue firme en la lucha por la democracia».
Maduro expresó en la víspera que la decisión no descarga en lo absoluto la responsabilidad de López y otros líderes opositores de su responsabilidad en los intentos de derrocarlo. Agregó que espera que la medida sea recibida como un mensaje de apoyo a la paz.
El hecho que el máximo tribunal, bajo control del gobierno izquierdista, concediese una medida a favor de López, luego de años de ser estigmatizado como un «asesino fascista», avivó en algunos la esperanza de que este sea un primer paso para que el gobierno y la oposición acorten distancias y logren acordar un diálogo productivo.
«Maduro nunca es sincero, pero quiero pensar que el gobierno quiere negociar y este es un primer paso para poner coto a tantos abusos y muertes de la Guardia y la Policía Nacional», dijo Esther Márquez, de 56 años, quien estuvo acompañada de cinco amigas en la concentración en el este de Caracas.
Los cuerpos de seguridad, en particular la Guardia Nacional, han sido objeto de duras críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la Fiscalía por su desempeño en la contención de las protestas.
En las protestas se han evidenciado «el uso excesivo de la fuerza en la represión», empleo de armas de fuego no autorizadas, «tratos crueles y torturas a personas aprehendidas», la apertura de procesos judiciales a civiles en tribunales militares, allanamientos sin orden judicial y daños a la propiedad, entre otras, de acuerdo a la Fiscalía.
Jesús Faría, ex ministro de Comercio Exterior y candidato a la constituyente, dijo a la AP que el gobierno es víctima de una campaña de desprestigio y que han sido 100 días de «manifestaciones muy violentas, donde se despliega el terror y el odio», que han obligado a las autoridades a restablecer el orden en situaciones como la quema de instalaciones públicas y continuos cierres de vías.
Por JORGE RUEDA