Un tribunal de Estados Unidos ha dictado 18 años de cárcel para los sobrinos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores, según ha informado la cadena CNN. La fiscalía había acusado a los dos venezolanos de intentar exportar a Estados Unidos unos 800 kilos de cocaína, desde Venezuela, vía Honduras.
La Fiscalía reiteró hoy su petición de una condena de 30 años para cada uno, «consistente con la gravedad de su crimen».
Entre los argumentos que defendió se incluye el uso de armas, que los primos eran líderes de la trama para traficar la droga y que cultivaron conexiones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que había sido designada como grupo terrorista por este país.
La Fiscalía también mencionó que los hoy condenados usarían el producto de la venta para prolongar el poder político de su familia en Venezuela.
La defensa, por su parte, reiteró que debía imponerse el mínimo de diez años y trajo nuevamente a la audiencia sus argumentos de que Campo Flores, de 32 años, y Flores de Freitas, de 31, no tienen antecedentes penales.
También señaló que su conducta criminal no era reiterada y que se desconoce con exactitud la cantidad de droga que habrían intentado introducir a Estados Unidos y además argumentó que los cargos estaban motivados por la situación política en Venezuela.
Sin embargo, el juez señaló que una condena de 30 años le parecía muy dura, pero también destacó que los ahora convictos se sentían más arrepentidos por el daño que el proceso penal causó a sus familias que por haber quebrado las leyes de Estados Unidos.
Acto seguido, impuso su sentencia de 216 meses de cárcel a cada uno, en una abarrotada sala en la que estaba la esposa de Campo Flores, Jessair del Valle Rodríguez, con la que tiene dos hijos, uno de 4 años y otro de año y medio, nacido tras el arresto de su padre.
También estaba la exesposa de Flores de Freitas, Yessika Contreras, madre de su hijo de nueve años, así como el agente de la DEA que los detuvo en Haití, Sandalio González.
Tras escuchar al juez, los abogados de la defensa pidieron que sus clientes fueran enviados a una prisión de Florida para cumplir su condena por ser un destino más próximo y económico que Nueva York para sus familiares y el juez dijo que lo tomaría en consideración.
Previo a que se impusiera la sentencia, se escuchó en la sala a Campo Flores y Flores de Freitas, quienes pidieron perdón a sus familias por el daño que les habían ocasionado a causa del «serio error» cometido y agradecieron al juez por el respeto que les demostró durante el proceso judicial.
Campo Flores, que recordó es abogado, se dirigió en concreto a su esposa, sentada justo detrás de él y quien lloró cuando escuchó a su marido pedirle perdón.
Mientras, Flores de Freitas no pudo evitar el llanto al hablar de su hijo, recordar los momentos difíciles de su infancia, con la muerte de su madre y cuando su padre le expulsó de su hogar a sus 17 años.
Durante el proceso judicial, la Fiscalía presentó fotos y grabaciones de los encuentros de los dos venezolanos con narcotraficantes.
De acuerdo con la Fiscalía, la intención de los dos venezolanos era utilizar el hangar presidencial en el aeropuerto Simón Bolívar de Venezuela para sacar la droga desde allí, enviarla a Venezuela, después a Honduras y de allí a Estados Unidos.
A la puerta de tribunal estaban esperando la sentencia varios venezolanos en el exilio, que discreparon con la sentencia porque creen que fue muy baja.
«Hubiera querido que se le aplicara la máxima sentencia, porque los venezolanos pensamos que el régimen Maduro-Chavista debe ser castigado por crímenes y corrupción», dijo a Efe Gloria Requena, que vive en Nueva York desde hace dieciséis años.
Todo «esto ha llevado al país a la destrucción, lo ha convertido en un narco-Estado», agregó.
El 17 de noviembre un jurado estadounidense declaró culpables a Efraín Antonio Campo Flores y a Francisco Flores de Freitas, dos familiares de la pareja presidencial de Venezuela que estaban siendo enjuiciados en Nueva York.
El juicio, que comenzó el pasado 7 de noviembre, una año después de que los acusados fueran detenidos en Haití y luego traídos a Estados Unidos, quedó a cargo del juez Paul Crotty.