Estados Unidos sancionó hoy al jefe de la Policía de Nicaragua, Francisco Díaz, consuegro del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, así como al vicepresidente de la petrolera Albanisa, Francisco López, y a Fidel Moreno Briones, secretario general de la Alcaldía de Managua.
El objetivo de las sanciones es «enviar un mensaje» al resto de funcionarios nicaragüenses para que sepan que «apoyar a un Gobierno que instiga la violencia» tiene como consecuencia perder acceso al sistema financiero estadounidense, explicaron altos funcionarios de Estados Unidos, que pidieron el anonimato.
Los individuos sancionados verán congelados todos sus activos bajo jurisdicción estadounidense y tendrán prohibido hacer transacciones financieras en Estados Unidos.
En una rueda de prensa telefónica, altos funcionarios de EE.UU. precisaron que las sanciones son una «respuesta inmediata» a la crisis que vive Nicaragua, la más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente, y que ha dejado más de 300 muertos y más de 2.500 heridos.
«La violencia perpetrada por el Gobierno de Ortega contra su pueblo y los esfuerzos de quienes están cerca del régimen de Ortega para enriquecerse ilícitamente son profundamente inquietantes y completamente inaceptables«, dijo en un comunicado la subsecretaria del Tesoro, Sigal Mandelker.
Mandelker responsabilizó a Ortega y su «círculo cercano» de haber violado las «libertades básicas de civiles inocentes».
Funcionarios de EE.UU. describieron a Francisco Díaz como el «líder de facto» de la Policía Nacional de Nicaragua, a la que organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han acusado de haber cometido graves violaciones de derechos humanos en colaboración con grupos paramilitares.
EE.UU. considera que, bajo las órdenes de Díaz, la Policía de Nicaragua ha llegado a cometer ejecuciones extrajudiciales.
Para ilustrar las graves violaciones de derechos humanos, los responsables estadounidenses narraron cómo en junio policías nicaragüenses acompañados por «pistoleros enmascarados» prendieron fuego a una casa en Managua, lo que provocó la muerte de seis de sus habitantes, incluidos dos niños.
Cuando los vecinos fueron a prestar socorro, la Policía supuestamente disparó contra ellos, lo que impidió que la familia pudiera ser rescatada, según Estados Unidos.
Sobre otro de los sancionados, Moreno Briones, los funcionarios estadounidenses detallaron que su papel actual es de «enlace» entre los gobiernos municipales y el oficialista Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN), aunque también ha actuado como «líder» de la Juventud Sandinista.
Washington asegura que, a principios de 2017, Moreno reclutó a motoristas para que ayudaran a reprimir manifestantes, una imagen que se ha visto en las actuales protestas.
Además, Moreno ha sido acusado de robar «grandes sumas de dinero» de proyectos municipales de Managua, así como de usar fondos locales para financiar las actividades del FSLN.
Por otro lado, EE.UU. acusa a López de haberse embolsado «grandes cantidades de dinero» usando su posición como vicepresidente de Albanisa, compañía que importa y vende productos petroleros de Venezuela, y como presidente de la estatal Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (Petronic).
Albanisa está integrada por Petronic, que aporta el 49 % del capital, y por la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que contribuye con el restante 51 %.
López, que también es tesorero del FSLN, supuestamente facilitó que altos cargos nicaragüenses usaran los fondos del propio FSLN y Albanisa para comprar estaciones de radio y televisión, hoteles, ranchos ganaderos, plantas de generación eléctrica y laboratorios farmacéuticos.
Antes de las sanciones de hoy, EE.UU. ya había revocado visados a funcionarios y otros individuos por violaciones de derechos humanos.
Estados Unidos se ha mostrado muy crítico con el Gobierno de Ortega y ha llegado a pedirle que adelante la convocatoria de elecciones, fijadas para el año 2021. EFE
(I)