El exvicepresidente de Argentina Amado Boudou (2011-2015) se entregó este lunes en los juzgados de Buenos Aires tras conocerse la decisión de un tribunal de alzada de revocar su excarcelación por una condena a cinco años y 10 meses de cárcel que sobre él pesa por cohecho pasivo y otros delitos.
El excompañero de fórmula presidencial de Cristina Fernández de Kirchner se presentó en los tribunales porteños de Comodoro Py alrededor de las 15.00 hora local (18.00 GMT).
Según informaron fuentes judiciales, la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Juan Carlos Gemignani, decidió hoy por unanimidad que Boudou vuelva a la cárcel tras haber sido excarcelado en diciembre pasado por no haber una sentencia firme y luego de evaluar un recurso de casación presentado por la Unidad Fiscal de Investigación y la Oficina Anticorrupción.
El 7 de agosto de 2018, el Tribunal Federal Oral número 4 de Buenos Aires condenó a Boudou – primer exvicepresidente preso de la historia de Argentina- y dictó su inmediata detención por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles de la función pública por la compra irregular de la imprenta de dinero Ciccone, en tiempos en que era ministro de Economía (2009-2011).
Tras más de cuatro meses en prisión, el 11 de diciembre el mismo tribunal aceptó el pedido de excarcelación de la defensa -a la espera de que haya una condena firme- y recuperó su libertad, monitoreada con una tobillera electrónica, una vez que se acreditó el pago de un millón de pesos (26.400 dólares).
En la decisión conocida hoy, por la que se revoca su libertad, se sostiene que los magistrados que le pusieron en libertad no habían justificado el cambio de criterio respecto a la resolución que había ordenado la prisión preventiva, dictada con posterioridad al juicio oral que condenó a Boudou a la pena de cinco años y diez meses de prisión.
Hornos destacó hoy que hay «riesgos procesales que sustentan la prisión preventiva de Boudou» y destacó las «obligaciones asumidas por el Estado argentino» de sancionar «debidamente» los hechos de corrupción.
La investigación en la causa «Ciccone» apunta a que Boudou, junto a su socio José María Núñez Carmona, adquirieron la empresa quebrada Ciccone Calcográfica -luego denominada Compañía Sudamericana de Valores- cuando el primero era ministro, con el objetivo de imprimir billetes y documentación oficial.
En 2010, un juzgado declaró la quiebra de la imprenta por deudas en concepto de impuestos, pero la Justicia levantó la quiebra tres meses después, a solicitud de la propia empresa, tras haber negociado un plan de pagos con el Fisco, y quedó en manos de la sociedad The Old Fund de Alejandro Vandenbroele, supuesto testaferro de Boudou.
Según el expediente, Boudou se aprovechó de su cargo y acordó junto a Núñez Carmona con los dueños de la imprenta la cesión del 70 % de la firma a cambio de la realización de los actos necesarios para que esta pudiera volver a operar y firmar contratos con la Administración.
La Justicia acusó al exvicepresidente de implicarse de forma directa en el trámite de un plan de pagos al Fisco y de intervenir para que se levantara la quiebra de la empresa y obtener así el certificado fiscal para firmar contratos con el Estado. EFE