Por Joaquín Hernández Alvarado
Al terminar de leer el extenso volumen sobre el mundo universitario chileno y sus perspectivas Reforma de la educación superior, editado por José Joaquín Brunner, profesor de la Cátedra Unesco de Políticas Comparadas de Educación Superior, y Carlos Peña González, rector de la Universidad Diego Portales, la impresión es que las universidades chilenas, con todo y sus diferencias, tenían importantes desafíos que cumplir pero ninguno de ellos acusaba lo que podríamos llamar «un malestar en la cultura universitaria» suficientemente fuerte como para afectar la estabilidad del sistema educativo secundario y superior. Publicado en 2008, durante la Presidencia de Michelle Bachelet, el libro aporta un complejo diagnóstico de la situación de la educación superior en Chile, de sus posibilidades y de sus limitaciones, pero resulta difícil compaginarlo con la gravedad de la crisis actual que arrancó hace dos meses y cuya solución está lejos de aparecer a la vista -hay un paro nacional convocado para el 18 de agosto- y que amenaza no quedar restringido al mundo educativo, sino alcanzar al mismo Gobierno en su credibilidad y proyecto.
«El Gobierno no tiene una carta de navegación. No defiende convicciones ni principios. Si tuviera un proyecto conservador, de derecha, por lo menos se podría discutir. Pero Piñera responde como una empresa. Los empresarios arreglan los problemas con plata, Piñera quiere arreglar todo con plata, y así es muy difícil», opina Gregory Elaqua, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales. Más allá de la discusión sobre el sesgo ideológico de las expresiones de Elaqua, lo cierto es que «la movilización estudiantil ha estimulado un clima de movilización que Chile no vivía desde hace décadas», como editorializaba El País de Madrid.
En realidad, el problema del Gobierno de Piñera es haber heredado un legado explosivo de los Gobiernos anteriores y no haber tomado desde el comienzo las medidas del caso para evitar lo que hoy está sucediendo. Hubo el antecedente de la «Revolución de los pingüinos», llevada a cabo por estudiantes secundarios en 2006 durante el Gobierno de la presidenta Bachelet. En esa época, las demandas estudiantiles fueron acogidas por la sociedad, se logró la creación de instituciones que regulasen la calidad de la educación y, sobre todo, se aumentó al 6% del PIB la inversión del Estado en educación, que hasta esa fecha había sido del 3%. Pero no fue suficiente.
En realidad y pese a lo duro de las declaraciones contra el Gobierno y a la dureza de las movilizaciones de la semana pasada, las demandas estudiantiles están dirigidas a realizar una reforma de la educación superior. Más cobertura en el acceso de los estudiantes pero también más calidad. La una sin la otra no tiene sentido. Participación de los actores de la educación superior en las políticas, leyes y reglamentos que les afectan. Y, por supuesto, evitar que la violencia se apodere, al estilo de lo que sucedió en las ciudades inglesas la semana pasada, de las calles.