Por Eduardo Carmigniani
No hay aún, mientras escribo, información oficialmente publicada pero pareciera que el proyecto de ley antimonopolios aprobado la semana anterior por la Asamblea será aceptado por el presidente de la República, pues los cambios introducidos corrigiendo algunos, no todos, de sus excesos -hay unos de terror- en realidad no alteran la esencia del texto original. Se trata de garantizar el libre acceso de cualquier competidor a los mercados y la libertad de elección de los consumidores, y el texto final va en general en esa línea. Normativa como esta, por cierto, no es para nada extraña en los países desarrollados, e incluso la hay en vecinos como Colombia y Perú, no se diga en Chile, al que tanto se cita como ejemplo de camino al desarrollo.
El quid del asunto no está, pues, en la normativa, que en lo fundamental ha sido tomada de la existente en otros lares, sino en su aplicación. Las fuertes potestades de inspección y control que tendrá la superintendencia de control del poder de mercado, a más de la capacidad de imponer severas y sucesivas multas a los infractores, que pudieran llevarlos incluso a la quiebra, obliga a que quien quede a cargo de esas cuestiones tenga no solo los conocimientos técnicos suficientes para entender el funcionamiento de los mercados (y cuándo determinadas conductas verdaderamente afectan a estos o a los consumidores), sino más que nada, y principalmente, independencia y ecuanimidad.
Grave error sería -pues dejaría herida de muerte en el parto a la nueva ley- que el superintendente, por falta de independencia, sea herramienta de persecución política o de protección de grupos empresariales traviesos; o por falta de ecuanimidad, se dedique a dar rienda suelta a sus pasiones, ideológicas o de cualquier otra laya. Y peor cuando es público y notorio que el sistema judicial, llamado por definición a controlar los abusos del poder, suele ser timorato a la hora de ejercer sus potestades y hasta suelen los jueces ser amenazados abiertamente, y hasta removidos, en caso de fallar dizque «contra el Estado», como si temporales autoridades públicas lo personificasen.
El presidente de la República tiene el mérito de haber logrado, tras años de boicoteo de una parte miope del empresariado, que haya en el Ecuador una ley antimonopolios. Pero de nada servirá eso con un superintendente demagogo, pícaro o perseguidor.
Pero paralelamente vemos la constitución del monopolio del Estado, específicamente el monopolio presidencial. Entonces la ley «antimonopolio» puede ir en otro sentido que el esperado racionalmente
en el texto de la asamblea, se deja la parte de competencia desleal a cargo del IEPI (para ciertos casos) y para otros, en la misma competencia desleal, se envía a la superintendencia. Que le parece?