Por David Ochoa
Al terminar el documental, comienzan a salir los créditos y comienzan los aplausos en una sala abarrotada. Para estos momentos, Con Mi Corazón en Yambo debe ser ya el largometraje ecuatoriano más visto en cines y, por mucho, el documental más impactante producido en el país. Y a decir de los especialistas, es el de mayor calidad cinematográfica de los últimos tiempos. Pero sentí que los aplausos no eran tanto por la producción, sino por la historia. Eran aplausos de solidaridad.
Ver a Pedro Restrepo colocar su bandera en la Plaza Grande, tras más de veinte años de constante protesta todos los días miércoles, genera empatía y emotividad. ¡Cuánta gente decidiría acompañarlo el siguiente miércoles después de ver el documental! ¿Cuántos estarán en la Plaza Grande el próximo 8 de enero? En 2012 se cumplirán veinticuatro años de la desaparición de los hermanos Restrepo y seguramente volverá Don Pedro a presentar una solicitud dirigida al Presidente de turno, solicitando que la Policía le devuelva los restos de sus hijos.
Muchos en el país responsabilizamos a León Febres Cordero por las desapariciones, torturas y ejecuciones extra judiciales. Sabemos que no fue orden directa de LFC el buscar dos adolescentes en la vía a Cumbayá y desaparecerlos, pero el gobierno socialcristiano incentivó la violación de derechos humanos en la lucha contra la delincuencia y el terrorismo, ocultó excesos y creó una atmósfera de impunidad para los miembros de la Policía y del Ejército. Esa sensación de impunidad causó que policías abusen de su autoridad hasta terminar desapareciendo menores de edad. La impunidad fue comandada desde el Gobierno: el 11 de enero de 1988 el Ministro de Gobierno Luis Robles Plaza se reunió con la cúpula policial para decidir ocultar el crimen cometido contra los Restrepo.
Pero la impunidad no terminó con el gobierno de LFC: durante los años que tomó el juicio por la desaparición y muerte de los menores, la Policía Nacional realizó constantes y sistemáticos esfuerzos por negar los hechos, ocultar evidencia, forjar falsas pruebas, callar a posibles testigos y amedrentar a la familia. Es posible que Rodrigo Borja haya querido contribuir a hacer justicia, pero su ministro César Verduga ocultó el problema y los comandantes de policía designados por Borja condujeron el comportamiento de la Policía para negar el delito. Parece que la Policía en esa época podía actuar de espaldas a las decisiones del gobierno.
Pero el espíritu de cuerpo continuó después de haber condenado a (algunos de) los policías implicados: los sentenciados cumplieron penas bastante bajas para el crimen cometido en una cárcel con privilegios e incluso podían salir en cualquier momento. Y finalmente se beneficiarion de la reducción de penas por buena conducta. Cuando estos hechos se hicieron conocidos, la ciudadanía se indignó, pero no hubo cambios en el sistema penitenciario ni sanciones a policías que sacaban en patrulleros a los convictos a pasearse. Hubiese sido deseable que la Policía esté sujeta al Gobierno, que por su origen se hubiese visto obligado a tomar medidas para resolver la indignación ciudadana.
Para que nunca más ocurran hechos así, es necesario que la investigación de delitos sea separada de la gestión de la Policía Nacional. El informe de Phillip Alston, relator de Naciones Unidas para investigar ejecuciones extrajudiciales,enfatiza que mientras la Inspectoría de la Policía investigue a sus propios compañeros, se mantendrá la costumbre de ocultar los excesos policiales en el cumplimiento de sus funciones. Para terminar el halo de impunidad al que ciertos policías se han acostumbrado, es necesario que se emitan sentencias por cada desaparición, tortura o ejecución extrajudicial. La Fiscalía creó una unidad específica para investigar los delitos revelados por el informe de la Comisión de la Verdad, pero aún no se conoce de sentencias condenatorias.
El Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, actualmente en debate en la Asamblea Nacional, debe separar la investigación de delitos de la actividad policial y asegurar imparcialidad en la investigación de los delitos. Debe elevarse la calidad de la preparación de los policías, que muestren la importancia de los derechos humanos y expliquen las consecuencias penales de violarlos.