Homologación y Plan Revancha

Por Alberto Molina
Quito, Ecuador

Sobre la homologación salarial vale la pena hacer un poco de historia; en octubre de 2003, en el gobierno del Presidente Gutiérrez, el Congreso aprobó la Ley de Servicio Civil, Carrera Administrativa y Homologación Salarial (Loscca). El objetivo de esta ley era “frenar los excesos de la burocracia dorada y mejorar la situación de una mayoría de servidores públicos que reciben modestas remuneraciones”. No obstante haberse aprobado, esta ley no estaba financiada, es decir que esas buenas intenciones quedaron en el papel.

En junio del 2006, el Presidente Palacio ordenó al Ministro de Economía que dé cumplimiento a la ley de Homologación Salarial que no se había cumplido en el gobierno anterior. La disposición era que en un plazo de 5 años se implemente la homologación de salarios a las FF.AA. En 2006 solo correspondería un incremento del 10% de las diferencias existentes entre los valores que percibían los militares y los correspondientes a las escalas referenciales de la Loscca y, la diferencia se debía prorratear en partes iguales entre el 2007 y 2010. Una de las consideraciones de esta ley era que “Las remuneraciones del personal de FF.AA. han sufrido un rezago significativo respecto del resto de servidores públicos a los que se aplica el régimen establecido en la Loscca”.

El Presidente Correa, continuó con el cumplimiento de la ley, dispuso que la homologación concluya el año 2009, es decir un año antes de lo previsto; por desgracia se excluyó a 4 grados (2 de oficiales y 2 de suboficiales). Esta exclusión fue uno de los detonantes de los sucesos del 30-S. Hasta aquí el tema de la homologación salarial.

En días anteriores el presidente Correa nos sorprendió con una revelación tremenda, habló de un “Plan Revancha”, cuyo objetivo era desestabilizar a su régimen, con un movimiento similar al 30-S.»Están involucrados los políticos de siempre, oficiales en servicio pasivo, verdaderos traidores a la patria y uno que otro oficial en servicio activo»; el canciller Patiño amplió la denuncia y dijo “que existe un ‘plan combinado’ entre grupos nacionales e internacionales para dar un golpe de estado en el país, en el que estarían involucradas personas que estuvieron en las Fuerzas Armadas y trabajaron con la Central de Inteligencia América(CIA)”.

Luego de varios días de la declaración del presidente, el Jefe del Comando Conjunto de las FF.AA. dijo desconocer dicho plan y el poeta Ponce, Ministro de Defensa, declaró que el plan había “abortado”. Lo señalado es gravísimo y preocupante; esto no debe quedar en la denuncia, el gobierno tiene la responsabilidad de señalar quienes son los “traidores a la patria”; más aún cuando el presidente ha dicho que están involucrados “uno que otro oficial en servicio activo”. Esto es más grave todavía; el gobierno tiene la obligación de hacer conocer los nombres de los involucrados -si los hay-, de lo contrario, el nombre de las FF.AA. quedaría en mal predicamento y sus miembros bajo sospecha, igual todos los militares en servicio pasivo y, la credibilidad del gobierno disminuida aun más.

* Alberto Molina Flores es coronel, en retiro, de las Fuerzas Armadas del Ecuador.