Amordazados

Editorial de The Economist
Londres, Gran Bretaña

En numerosas ocasiones, Rafael Correa, presidente de Ecuador, se ha comprometido a defender la libertad de expresión con su vida. En la práctica, sin embargo, ha ido recortando poco a la libertad de prensa de su país. El ejemplo más publicitado de esta tendencia ha sido a su demanda por difamación (por la publicación de una columna de opinión controvertida), contra el diario El Universo, en la que un juez le concedió 40 millones de dólares y condenó al autor y sus jefes a la cárcel. El 15 de febrero el Tribunal Supremo confirmó la sentencia, lo que podría provocar la quiebra de la publicación. La demanda ha provocado la huída del país de varias personas, incluyendo a una jueza que al parecer dijo que el fallo fue escrito por uno de los propios abogados del  señor Correa. Panamá concedió asilo al director de El Universo. Unos días antes, el presidente obtuvo una sentencia judicial en otro caso con el que obtuvo otros US $ 2 millones, de dos periodistas que informaron sobre las relaciones del gobierno con las empresas de un hermano de Correa.

En medio de estas victorias, el presidente se ha desplazado hacia la censura pura y simple. En enero, en uso de las facultades para modificar la legislación que le confiere la Constitución aprobada en 2008, el señor Correa introdujo en un proyecto de reforma electoral, una regla que indica que «los medios de comunicación deben abstenerse de promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes, especiales o cualquier otro otra forma de mensaje, que tienden a influir a favor o en contra de un candidato en particular, postulados, opciones, preferencias de voto o ideas políticas». En otras palabras, la cláusula prohíbe cualquier declaración que pudiera interpretarse como apoyo o criticar a un candidato. «Los medios privados quieren seguir con su poder», dijo Correa el mes pasado, «y llevar a cabo las campañas electorales, promover a los candidatos e instalar y quitar presidentes».

La amplitud de la prohibición ha dejado a los editores preguntándose, en todo caso, qué se puede informar para no influir de manera indebida en los votantes. Puesto que el gobierno no puede controlar cada palabra publicada, la oposición teme que Correa aplique la reforma de forma selectiva en su beneficio. El presidente responde que los medios de comunicación estatales tendrán que limitar su cobertura.

La Constitución de Ecuador prohíbe los cambios en el sistema electoral 12 meses antes de una elección. La nueva restricción entró en vigor el 04 de febrero, pero la próxima elección general ya había sido prevista para enero de 2013 por la junta electoral nominalmente independiente. El 16 de febrero el señor Correa ha comunicado a la prensa que la votación se aplazará hasta febrero del próximo año, lo que permitirá que las nuevas reglas se apliquen en las próximas elecciones.

El presidente recientemente promocionó una encuesta que le daba un índice de aprobación cercano al 80%. Sin embargo, sus esfuerzos para controlar los medios de comunicación sugieren que está mucho menos confiado en sus posibilidades de ganar un nuevo mandato de lo que les gustaría admitir.