De la democracia a la dictadura

Por Osvaldo Hurtado
Quito, Ecuador

El debate al que he sido convocado, junto con los expresidentes Carlos Mesa y Ernesto Samper, por la Universidad de las Américas (UDLA) y la Red el Foro de Biarritz, se titula ‘América Latina: dos modelos, una sola región, dos sistemas’. Con este epígrafe los organizadores han querido llamar la atención sobre el curioso hecho de que mientras la mayor parte de los países de América Latina avanzan por los modernos senderos de la democracia y del mercado, cuatro se hallen empeñados en resucitar formas disimuladas de dictadura y un modelo económico abandonado por casi todos los estados de Asia, Europa y África que en el pasado siglo lo aplicaron.

En vista de que no debo cansar al auditorio con una larga exposición, me limitaré a examinar sumariamente la forma en que la democracia ecuatoriana paulatinamente se ha ido convirtiendo en una dictadura, durante el gobierno del presidente Rafael Correa Delgado.

El concepto de democracia

La democracia además de un concepto es un conjunto de instituciones diseñadas para que los seres humanos puedan vivir en libertad, ejercer sus derechos y participar en la vida pública de los estados. En el sistema democrático las autoridades son elegidas por los ciudadanos en comicios periódicos, libres y competitivos y ejercen sus funciones sometidas a la Constitución y las leyes; el poder se halla dividido en funciones y sujeto a controles para evitar los abusos a los que es proclive; la justicia es independiente y actúa al margen de intereses económicos y políticos; están plenamente garantizadas las libertades y los derechos de los individuos y de las organizaciones que conforman; las autoridades rinden cuentas de sus actos al pueblo y a sus representantes; gracias al pluralismo puede expresarse la diversidad ideológica, política, social y económica de las sociedades y la alternancia permite que partidos y líderes de diversas orientaciones se sucedan en el gobierno de los estados.

Bajo el alero de una democracia de estas características se desarrollaron los países de Europa y Norteamérica en los siglos XIX y XX, camino que en el siglo XXI comienzan a recorrer naciones de Asia, África y América Latina. El hecho de que Estados Unidos tenga la más antigua e ininterrumpida democracia, mucho tiene que ver con su prodigioso progreso. La democracia hizo posible la reconstrucción del Japón y de los países europeos asolados por el fascismo, el nazismo y la guerra, así como los milagros económicos de Italia, España, Irlanda y hoy de Chile. En el segundo país más poblado del mundo, afectado por una pobreza extrema, gobierna la antigua y exitosa democracia hindú. Los países latinoamericanos con los más bajos índices de corrupción –Chile, Uruguay y Costa Rica– están gobernados por las más estables democracias del continente.

En todas las regiones del mundo las naciones más adelantadas son las que más años de democracia han disfrutado y las más atrasadas las que por mucho tiempo estuvieron gobernadas por dictaduras. Estas lecciones de la historia han llevado a que en el siglo XXI las dos terceras partes de la humanidad se encuentren protegidas por las instituciones democráticas, con la notable excepción de China, único país que a pesar de no contar con ellas está saliendo del atraso, pero que algún día requerirá de la democracia para convertirse en una sociedad verdaderamente moderna.

La trágica experiencia que vivieron algunos países latinoamericanos durante los gobiernos dictatoriales de los años setenta y ochenta, y la necesidad de convertir a la democracia en un sistema político perdurable, les llevó a suscribir en el año 2001, en Santiago de Chile, la Carta Democrática Interamericana, junto con Estados Unidos, Canadá y el Caribe. En este instrumento jurídico internacional suscrito por los estados americanos miembros de la OEA, entre ellos, el Ecuador, se dice lo siguiente.

Artículo 3. “Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

Artículo 4. “Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto a los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa”. “La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia”.

Artículo 5. “El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la democracia. Se deberá prestar atención especial a la problemática derivada de los altos costos de las campañas electorales y al establecimiento de un régimen equilibrado y transparente de financiación de sus actividades”.

Artículo 6. “La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación es fortalecer la democracia”.

Artículo 7. “La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos, en su carácter universal, indivisible e interdependiente, consagrados en las respectivas constituciones de los estados y en los instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos”.

La democracia en el Ecuador de hoy

A la luz de los elementos constitutivos de la democracia antes mencionados y de los establecidos en la Carta Democrática Interamericana, que el Ecuador suscribió y se comprometió a “promover y defender”, examinaré lo que hoy ocurre en mi país.

Las elecciones no son libres ni equitativas

No hay en el Ecuador procesos electorales libres y equitativos que garanticen condiciones de igualdad a candidatos y partidos, pues las campañas del Gobierno están rodeadas de privilegios y las de la oposición, en cambio, sujetas a toda clase de restricciones. De las seis contiendas en las que ha intervenido el presidente Correa, incluidas tres consultas populares, solo en la que fue inicialmente elegido (2006) se atuvo a las normas electorales y participó en condiciones similares a las de sus adversarios. En las otras usó y abusó de los recursos del Estado –económicos, burocráticos, publicitarios, informativos y logísticos– y repartió clientelarmente recursos públicos para promover su reelección, apoyar a sus candidatos a legisladores, alcaldes y prefectos y conseguir que fueran aprobados los asuntos sometidos a consultas populares.

Mientras tanto, las candidaturas de movimientos y partidos políticos opositores no solo carecieron de tan redituables medios económicos, políticos y propagandísticos, sino que tuvieron que someterse a las restricciones establecidas en la nueva legislación electoral, en cuanto al financiamiento, a los espacios publicitarios y al tiempo de duración de las campañas. Cuando el Consejo Nacional Electoral, responsable de que se dieran aquellas arbitrariedades, luego de la reciente campaña por el referéndum constitucional y la consulta popular pidió al presidente que rindiera cuenta de sus gastos, se negó a darlas y luego dijo que no había gastado un centavo.

El presidente no respeta la Constitución y las leyes

Como ocurría en las dictaduras militares, la Constitución está vigente en cuanto no se oponga a los fines de la llamada “revolución ciudadana”. En la ceremonia en la que asumió la presidencia Correa se negó a jurar que en su ejercicio respetaría el orden constitucional, para luego, desconociéndolo, convocar a una consulta popular con el propósito de reemplazarlo mediante una Asamblea Constituyente a la que se le encargó expedir una nueva Carta Política. Al intentar el Congreso Nacional impedir que se consumara este atentado contra el estado de derecho, el Gobierno consiguió que el Tribunal Supremo Electoral destituyera a los 56 diputados que intentaban frenar el atropello; y cuando el Tribunal Constitucional se aprestaba a dejar sin efecto tamaño abuso de poder sus integrantes fueron cesados, primero mediante la acción violenta de un grupo de agitadores y luego con una írrita resolución de una mayoría que el Gobierno conformó en el Congreso con diputados suplentes. Ni siquiera el hecho de que el presidente cuente con una Constitución (2008) hecha a su medida, en la que se limitan las atribuciones del órgano legislativo y se amplían desmedidamente las suyas, ha servido para que someta su autoridad a la ley. Cada vez que le place ignora las normas constitucionales, las reforma mediante leyes y a estas con reglamentos, decretos ejecutivos, acuerdos ministeriales o simples resoluciones de organismos inferiores. Hace apenas unas semanas la Junta Bancaria reformó, de hecho, la Constitución en materia financiera mediante una simple resolución.

No existe división de poderes

No existe la división de poderes propia de la democracia ya que la Asamblea Nacional actúa como un órgano dependiente de la Función Ejecutiva, debido a la reducción de sus atribuciones y a que el Gobierno impone abusivamente sus decisiones a través de la mayoría que en ella ha conformado. No fiscaliza los actos del Gobierno, no investiga las denuncias de corrupción y no sanciona políticamente a quienes en ella incurren, ni siquiera en casos que provocan escándalo. Las numerosas leyes que ha aprobado, con alguna excepción, se han originado en la Presidencia de la República. Ellas suelen contener diversas materias, a pesar de la prohibición constitucional existente, y cuando el presidente ejerce su facultad de veto introduce inconstitucionalmente disposiciones que no constaban en el proyecto aprobado, con lo que, de hecho, legisla por su cuenta sin importar lo que resuelva la Asamblea Nacional. Mediante el uso malicioso de los proyectos de urgencia económica, categoría en la que el presidente incluye cualquier ley que sea de su interés, consigue que sean tramitados en treinta días, sin una adecuada discusión, o que entren en vigencia por el ministerio de la ley a fin de eludir el pronunciamiento del órgano legislativo. A través de este procedimiento se han hecho ocho reformas tributarias, se han aprobado leyes que contenían centenares de artículos y va a aprobarse la ley antimonopolio que discute la Asamblea Nacional, en la que se le otorga al Gobierno facultades ilimitadas para controlar las actividades privadas.

No son independientes la justicia y los órganos de control

Los órganos de justicia y de control no actúan con autonomía, especialmente los segundos –Procuraduría, Fiscalía, Superintendencias– y sus titulares se desempeñan como funcionarios dependientes del presidente de la República a los que convoca y da órdenes, a menudo públicamente. La Corte Constitucional autorizó la convocatoria a un referéndum, a pesar de que según la Carta Política, la reforma constitucional propuesta por el presidente debía ser hecha por una Asamblea Constituyente.

El presidente intervino directamente, o a través de sus ministros, en los juicios seguidos por la revuelta policial del 30 de septiembre. Llamó públicamente a que fuera enjuiciado el director del Hospital de la Policía en el que consiguió refugio, por haberse atrevido, en una entrevista de televisión, a contradecir la tesis oficial de que ese día se había secuestrado al presidente, intentado dar un golpe de Estado y matarlo. El referido oficial de policía había dicho a un periodista de CNN que el presidente no estuvo retenido y que los médicos atendieron sus dolencias luego de lo cual bien pudo abandonar la casa de salud, razones por las que le agradeció por los servicios prestados. Sin embargo, el presidente lo acusó de que le había impedido refugiarse en dicha casa de salud cuando era perseguido por una turba. Un fiscal y un juez atendieron solícitamente la disposición presidencial, el primero ordenó su prisión y lo condenó, sentencia dejada sin efecto por un tribunal superior al no encontrar pruebas concluyentes que incriminaran al policía César Carrión.

Más grave y perniciosa fue su ostentosa intervención en el juicio que, como ciudadano y no como presidente, ha seguido al Diario EL UNIVERSO, sus directivos y su editor, para obtener un beneficio económico personal que lo enriquecerá. A las audiencias judiciales concurrió acompañado de ministros y guardaespaldas, dio disposiciones al juez y al tribunal que conocían la causa, el recinto judicial fue acordonado por policías y militares y una claque de esbirros atacó física y verbalmente a los demandados y a sus abogados. A lo que sumó el uso de los medios de comunicación y propaganda del Estado para justificar su demanda y su intervención en el proceso judicial. Los jueces de carrera que conocían la causa fueron sustituidos por jueces transitorios que, sumariamente, condenaron a los acusados a tres años de prisión y a pagar la suma de 40 millones de dólares, por el daño moral que supuestamente habían causado al ciudadano Rafael Correa con un artículo publicado por el periodista Emilio Palacio en las páginas de aquel Diario. Años atrás, algo parecido sucedió con otra demanda por daño moral que el presidente planteó al Banco del Pichincha, en la que obtuvo una indemnización de 5 millones de dólares –en instancias superiores reducida primero a 300.000 y luego elevada a 600.000–, ordenada por un desconocido juez temporal que sorpresivamente reemplazó al juez titular.

Esta pérdida de independencia de la justicia y la intervención del presidente y de sus ministros en los procesos judiciales de interés del Gobierno o de sus personeros, van a empeorar en el futuro pues se apresta a poner bajo su autoridad a la Función Judicial. En el inconstitucional referéndum de mayo consiguió que se autorizara conformar un Consejo de la Judicatura transitorio, en reemplazo del establecido en la Constitución aprobada por los miembros de Alianza PAIS, ampliamente mayoritarios en la Asamblea Constituyente del 2008. Dicho órgano es presidido por un delegado del presidente Correa, experto en computación y ajeno a la disciplina jurídica, y sus tres integrantes son allegados suyos, a tal punto de que según lo ha registrado la prensa, los hace concurrir a su despacho para presidir sus deliberaciones. No ha llamado la atención que el órgano que reorganizará la justicia, y nombrará a magistrados y jueces de cortes, tribunales y juzgados, dependa de la autoridad presidencial, si se recuerda que en la campaña del referéndum, Correa confesó que se proponía “meter las manos en la justicia”.

Se restringe la libertad de expresión

Las libertades de expresión y de prensa sufren ataques y limitaciones de diversa naturaleza. El presidente en sus discursos y en las comparecencias radiales y televisivas de los sábados y la oficina de propaganda del Gobierno en difamadoras cadenas de televisión, tan numerosas que llegan a interrumpir programas noticiosos, obsesivamente desacreditan a los medios de comunicación independientes, a los que el presidente suele calificar, sin identificarlos, como “prensa corrupta” y a sus periodistas como “sicarios de tinta”. A través de diversos arbitrios el Gobierno ha conformado un conglomerado de 16 periódicos, revistas, radios y televisoras –la mayor parte incautados–, a los que se ha convertido en órganos de propaganda que no aceptan rectificaciones y otorgan un acceso privilegiado a los funcionarios del régimen. Tres periodistas críticos del Gobierno fueron forzados a renunciar, a un número similar el presidente ha demandado por daño moral exigiéndoles el pago de decenas de millones de dólares y uno ha debido exiliarse para evitar la cárcel. Han sido enjuiciados, investigados o procesados los diarios La Hora y Hoy, la revista Vistazo, siete radios y varias veces la televisora Teleamazonas.

Las millonarias demandas por daño moral que el presidente sigue a EL UNIVERSO y a varios periodistas, en razón de su carácter intimidatorio, buscan provocar la autocensura en los medios independientes que todavía quedan. El “delito” en el que han incurrido sus directivos es no haber censurado un artículo de prensa publicado en la página editorial. Alcanzará aquel propósito si consigue que los hermanos Pérez vayan a la cárcel y que el diario guayaquileño cierre sus puertas, atosigado por la millonaria indemnización, o que pase a engrosar el imperio de medios oficiales. El mensaje que con estos abusos de poder ha enviado a los propietarios de los medios de comunicación privados es claro: para evitar igual destino no deben publicar noticias y editoriales que puedan molestar al presidente. Si consigue su propósito desaparecerá el derecho de los ecuatorianos a expresar su pensamiento en libertad y la única verdad que conocerá el Ecuador será la “verdad” oficial, definida por los inescrupulosos jefes de propaganda del Gobierno. Como el proyecto de Ley de Comunicación se encuentra entrampado en la Asamblea Nacional, la autocensura podría suplir la falta del instrumento legal persecutor de la libre expresión que el Gobierno tanto se ha empeñado en obtener.

No se respeta el pluralismo y los disensos

El Gobierno, mediante toda clase de medios, busca eliminar el pluralismo político a fin de que los protegidos y amigos del presidente y los miembros de Alianza PAIS controlen los diferentes órganos del Estado, no puedan expresar sus opiniones opositores y críticos y tampoco expresarse la protesta social. La gente del Gobierno paulatinamente ha ido copando las funciones y dignidades que cuentan en la vida pública, no teniendo ninguna posibilidad de acceder a ellas otros movimientos políticos, ni siquiera a las de la Asamblea Nacional, del Consejo Electoral, del Tribunal Constitucional, de las superintendencias y de otros órganos de control, todos los cuales funcionan bajo la batuta del presidente.

Fue eliminado el reconocimiento jurídico de los partidos formados en el presente periodo democrático y mediante una nueva ley se han establecido altas barreras para dificultar la conformación de nuevas organizaciones políticas. La protesta social ha sido criminalizada a través de juicios penales por sabotaje y terrorismo, a los que están sometidos 189 dirigentes sociales, en su mayor parte indígenas. El presidente ha expedido decretos ejecutivos que permiten controlar las operaciones de las organizaciones de la sociedad civil, regular sus ámbitos de actividad y limitar el acceso a la cooperación internacional. Ha propiciado la división del movimiento indígena, persiguiendo y cooptando a sus dirigentes mediante la entrega de funciones públicas y asignaciones presupuestarias, privándole de sus representaciones en órganos del Estado y desacreditando a sus dirigentes, tarea en ocasiones desempeñada por el propio presidente Correa. En lugar de responder razonada y documentadamente a las observaciones o inculpaciones de críticos y opositores –políticos, periodistas, dirigentes sociales, líderes religiosos y empresarios– se los descalifica personalmente mediante maliciosas cadenas de radio y televisión, llegando algunos a sufrir retaliaciones ejecutadas por fiscales, jueces y funcionarios de los entes públicos, particularmente del servicio de rentas.

Presidente, ministros y funcionarios no rinden cuentas

En el sistema democrático, y más en una democracia que la Constitución, el presidente y sus seguidores califican de participativa, el Gobierno está obligado a dar cuenta de sus actos. Pero resulta que presidente, ministros y altos funcionarios no rinden cuentas de sus acciones a la ciudadanía, cuando son requeridos por la Asamblea Nacional integrada por los representantes del pueblo, ni siquiera a Alianza PAIS el partido del que forman parte. Tampoco atienden las peticiones informativas de los legisladores o entrevistas requeridas por la prensa, cuando están de por medio asuntos controversiales que desean silenciar sacándolos del debate público y echándoles tierra. La Asamblea no fiscaliza, la Fiscalía y la Contraloría no investigan los actos de corrupción, las superintendencias complacen las órdenes presidenciales y, violando la Ley de Transparencia, las autoridades no informan cuando son requeridas. Se han convertido en secreto de Estado los contratos de deuda externa, de compra de armas e incluso de publicidad, como fue el caso de la que el Gobierno transmitió durante el Campeonato Mundial de Fútbol, dirigida a desacreditar a los medios de comunicación. Mediante ilegales decretos de emergencia expedidos por el presidente, se burla la obligación legal de someter a licitación los contratos de obras públicas y de adquisiciones de bienes, que suman miles de millones de dólares.

La alternancia política se halla limitada

En contra de la tradición ecuatoriana la Asamblea Constituyente autorizó la reelección inmediata del presidente de la República y, para beneficiar a Correa, resolvió que su primera elección no fuera tenida en cuenta a fin de que pudiera ser reelegido una vez más, en contra de lo dispuesto en la Constitución. Su obsesión por silenciar a la prensa y controlar todos los órganos del Estado, incluso las actividades privadas, entraña el antidemocrático propósito de acorralar a sus adversarios y reducirlos a extrema debilidad, para que no estén en condiciones de disputarle la presidencia en las próximas elecciones. En vista de estos antecedentes no debería llamar la atención que, en el caso de que Correa fuera reelegido el año 2013, se llame a un referéndum para reformar la Constitución a fin de que en el futuro pueda ser reelegido indefinidamente.

Carácter del Gobierno ecuatoriano

¿Cómo calificar a un gobierno de esta naturaleza?

Si contrastamos los ocho elementos antes señalados que definen a un sistema político como democrático, con la forma en que operan las instituciones democráticas en el gobierno de Rafael Correa, en la democracia ecuatoriana estaría presente solamente uno de ellos. El presidente fue elegido por el voto de los ciudadanos y ha ganado sucesivas elecciones y consultas populares, algunas ampliamente, aunque con los vicios anotados. Pero, en cambio, ejerce un poder absoluto, sin los pesos y contrapesos propios de la democracia, al estilo de lo que ocurrió en el Ecuador y en América Latina con las dictaduras caudillistas del siglo XIX. A similar conclusión puede llegarse si se aplican los requisitos que, según la Carta Democrática Interamericana, deben llenar las democracias de la región.

¿Cómo ha sido posible que en América Latina la democracia sea abatida cuando reina en casi todos los países del mundo y las pocas dictaduras que todavía quedan se baten en retirada?

Tamaña anomalía se debe a que los autócratas latinoamericanos del siglo XXI han inventado una imaginativa forma de golpe de Estado, sin la intervención de los caudillos militares de antaño que mediante las armas tomaban el poder, deponían al presidente constitucional y gobernaban por decreto. Hoy los golpes de Estado son dados por presidentes civiles elegidos por el pueblo, que desconocen el orden constitucional bajo el que fueron designados y expiden constituciones que les permite controlar todos los órganos del Estado, con el propósito de permanecer en el gobierno indefinidamente. Mediante la manipulación de la opinión pública, la organización de procesos electorales amañados y el uso de un ropaje democrático, encubren la dictadura que encabezan, eluden el escrutinio de la comunidad internacional y logran engañar a los incautos.

Muchas gracias.

* Osvaldo Hurtado ha sido Presidente de la República del Ecuador (1981-1984), Vicepresidente de la República (1979-1981) y Presidente de la Asamblea Constitucional de 1998. El texto que publicamos, aparecido originalmente en El Universo, es la ponencia presentada en la Conferencia Internacional «América Latina: dos modelos una sola región» realizada en la Universidad de las Américas, en septiembre de 2011.