Por Alberto Molina
Quito, Ecuador
Uno de los temas que ha cobrado mayor notoriedad en estos días es el del narcotráfico, porque resulta intolerable conocer la cantidad de droga que se decomisa casi a diario y no es poca cosa, se habla de cientos de kilos. Además, la escalada de violencia crece permanentemente. En las últimas semanas han sido los jefes militares salientes, el Comandante del Ejército así como el Jefe del Comando Conjunto que han señalado la magnitud de la amenaza del narcotráfico y sus secuelas de violencia y muerte; además, el informe de la oficina de la ONU contra Drogas y el Delito, señala que el Ecuador está siendo utilizado por los carteles de la droga como centro de acopio y reexportación.
Las advertencias no son nuevas, ya en el 2006, en el Libro Blanco de la Defensa, el mando militar señalaba que “en la actualidad, las amenazas a la seguridad más significativas son aquellas que se derivan del riesgo de extensión de situaciones de violencia más allá de las fronteras, con acciones de fuerza, proveniente de grupos ilegales armados; y, con diverso grado de incidencia, el narcotráfico, el tráfico ilícito de armas, el crimen organizado transnacional y el terrorismo”.
Además, en 2009 el doctor Francisco Huerta, nos advertía “que estamos en riesgo de convertimos en una narco-democracia”; en 2010, la agencia alemana DW, en un reportaje publicó “que nuestro país es un foco atractivo para el lavado de dinero”; y, en 2011 la DEA para la región Andina, llegó a afirmar que el Ecuador se está convirtiendo en las “Naciones Unidas del crimen organizado”.
En el Plan de Seguridad Integral, el gobierno ha decidido que a partir de 2013 las FF.AA. combatan al narcotráfico y al crimen organizado. Esta decisión choca especialmente con el mandato constitucional (Art.158) que señala que “la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional” y que “las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial”.
No sólo que la Constitución y la Ley de Seguridad Pública y del Estado señalan con claridad que las FF.AA. sólo serán utilizadas en casos de haber decretado el gobierno el estado de excepción, sino que la institución corre el peligro de ser penetrada por las mafias, especialmente a través de una arma letal que manejan los narcotraficantes: las ingentes cantidades de dinero; además, esto obligaría a las FF.AA. a descuidar sus misiones fundamentales.
Por lo tanto el control del narcotráfico es una tarea específica de la Policía Nacional, del Servicio de Vigilancia Aduanero y del Consejo Nacional de control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP). Cabe señalar que las FF.AA. jamás han estado ajenas a este flagelo y han apoyado a combatir el narcotráfico a través de operaciones de inteligencia y de interdicción marítima y aérea; además, de su permanente presencia en el control de las fronteras.
* Alberto Molina Flores es coronel en retiro de las Fuerzas Armadas del Ecuador