El Superintendente

Por Luis Fernando Ayala
Guayaquil, Ecuador

Con gran consternación he recibido la noticia de que el todopoderoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), ha decidido rechazar la terna presentada por el Presidente de la República para la designación del primer Superintendente de Control del Poder de Mercado. El todopoderoso Consejo ha rechazado la terna aduciendo que los tres candidatos presentados, no reúnen las calificaciones necesarias para ser designados, en especial el no contar con diez años de experiencia en materias relacionadas con el cargo.

Considero de vital importancia que se designe inmediatamente al nuevo superintendente, ya que es preocupante el vacío existente para controlar a esa bestia parda que es el Poder de Mercado; es por esta urgencia que humildemente me permito por esta vía, poner en consideración del Presidente de la República un nombre que cumple con todas las condiciones para ocupar tan alta responsabilidad: el mío.

Sé que es poco ortodoxo candidatizarme de esta manera y no pretendo desconocer los méritos de los integrantes de la terna rechazada: Diego Martínez, Mateo Villalba y Jéssica Andrade; quienes seguramente deben ser grandes gurús de la lucha contra las prácticas monopolísticas y deben contar con sobradas calificaciones para haber sido considerados por el Presidente, aunque para ser muy sincero jamás he escuchado hablar de ellos; pero al mismo tiempo dudo que posean la misma pasión que tengo yo por combatir los graves peligros por los que atraviesa el libre mercado ecuatoriano.

En especial lo que me mueve a realizar una acción tan desesperada como esta (y aprovecho la ocasión para decirlo), es el denunciar la grave concentración de poder de mercado, que ha logrado acumular un grupo económico en nuestro país. El grupo en cuestión es dueño de medios de comunicación (tres canales de televisión abierta, varios periódicos, radios, y una importante participación en una empresa de televisión por cable), tiene un monopolio absoluto en el mercado de telefonía fija, y controla gran parte de los mercados de agua potable y energía en el país. Como si esto fuera poco, este grupo económico (directa o indirectamente), controla empresas de los más diversos géneros: florícolas, empresas de calzado, compañías de seguros, almaceneras, hoteles, comisariatos, imprentas, entre otros.

Pero lo más grave y sorprendente es que este grupo, ignorando lo resuelto por el pueblo ecuatoriano en la Consulta Popular del 2011, impunemente es el dueño de varias instituciones financieras (en el Ecuador y en el exterior), y a través de una subsidiaria de reciente creación concentra ya más del 40% de los créditos hipotecarios de nuestro país. Este monstruoso grupo económico es el Estado ecuatoriano.

La creación de una Superintendencia para regular el mercado parte de una premisa equivocada, no siempre que exista un fallo en el mercado es deseable la intervención estatal para regularla, ya que en muchos casos (quizás la gran mayoría), la intromisión del Estado solo contribuye a agravar más los problemas en lugar de solucionarlos. Por el contrario, la misma existencia de una Superintendencia y de toda una burocracia dedicada en exclusividad al tema, terminará provocando grandes distorsiones, al propiciar nuevas regulaciones y al promover de oficio, investigaciones para verificar la no existencia de anomalías; lo cual degenerará en la paradójica situación de que sean los empresarios los que tengan que demostrar que no están incurriendo en prácticas abusivas, en lugar de ser lo contrario. Es por ello que la existencia de una Superintendencia es una mala idea, y debe ser reemplazada por una especie Tribunal de la Libre Competencia, que sea capaz de recibir denuncias de prácticas abusivas por parte de actores privados y no actuar de oficio en situaciones en que nadie ha solicitado la intromisión del sector público.

Si el gobierno actual está realmente interesado en erradicar la existencia de prácticas que distorsionen el mercado, mejor haría en reducir la participación del Estado en sectores donde nada tiene que hacer, antes que en crear una nueva burocracia que afectará lo que actualmente funciona bien y cuyos costos los terminaremos pagando todos los ecuatorianos. Si ese es el caso, cuenten con un servidor.