En el bando equivocado

Editorial de diario El Tiempo
Bogotá, Colombia

Desde anoche están reunidos en Cochabamba (Bolivia) los cancilleres del hemisferio con el fin de asistir a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La cita anual ha ido perdiendo la relevancia que tuvo en otras épocas, en parte por la pérdida de protagonismo de la entidad y en parte por la abundancia de instancias que le han ido quitando visibilidad al evento.

No hay duda de que la OEA atraviesa una profunda crisis, causada por una escasez crónica de recursos y un liderazgo cuestionable. Pero son las profundas divisiones ideológicas en el continente las que, sobre todo, han entorpecido el avance de una institución en donde las grandes decisiones se toman por consenso.

Sin embargo, la Organización continúa siendo fundamental en un aspecto: el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, compuesto por la Comisión y la Corte Interamericana. Ambas han sido cruciales en la protección de los derechos fundamentales de millones de habitantes y el fortalecimiento de la democracia en la región. Gracias a ellas, se ha salvado la vida de miles de personas, se han reformado constituciones, se han derogado leyes de amnistía que garantizaban la impunidad y se han puesto en marcha políticas para luchar contra la discriminación que afecta a mujeres, afrodescendientes y pueblos indígenas.

A pesar de tales logros -o tal vez a consecuencia de ellos-, algunos países de la región y el propio Secretario General de la OEA se han embarcado en una campaña para afectar gravemente la capacidad de la Comisión de ejercer sus funciones. Con la excusa de un «fortalecimiento», han propuesto, por ejemplo, limitar la posibilidad de solicitar medidas urgentes de protección para las personas cuyos derechos están siendo amenazados, de señalar a aquellos países en donde existen situaciones que afectan gravemente la vigencia de los derechos humanos, o de silenciar las denuncias de la Relatoría para la Libertad de Expresión.

El tema está ligado a nuestra historia. Fue Antonio Nariño quien tradujo por primera vez la Declaración Francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, y fue precisamente en la tumultuosa Bogotá de 1948 en donde se aprobó la Declaración Americana de Derechos Humanos.

No obstante, desde hace rato, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha resultado incómodo para múltiples gobiernos. En épocas recientes, Brasil se molestó por las medidas cautelares concedidas en favor de una tribu indígena que se oponía a la construcción de una hidroeléctrica. Esa incomodidad abrió la puerta para que comenzara un proceso en el cual es claro el ánimo de algunas naciones de recortarles las alas a la Comisión y, en particular, a la Relatoría para la Libertad de Expresión. Ecuador, cuyo presidente anunció su presencia en Cochabamba, quiere ponerle la mordaza a una voz que le ha recordado que es un enemigo de la libertad de prensa.

Colombia se ha sumado en la práctica a aquellos países que buscan debilitar el Sistema. Es válido no estar de acuerdo con las decisiones de la Comisión o de la Corte y discutirlas jurídica y políticamente, pero es inaceptable sumarse a quienes desean disminuirlas. Parecería que hay un espíritu revanchista en un país en el que la violación de los derechos de las personas, nos guste o no, es moneda corriente.

Por tal motivo, es hora de que la Cancillería rectifique en Bolivia las actitudes que ha tenido y que, a la larga, nos pueden generar más problemas en un campo en el que somos muy vulnerables. Colombia debe reiterar su firme compromiso con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y eso solo se logra defendiéndolo expresamente.