Ecuador, domingo 21 de enero de 2018

¿Premio o castigo?

Por Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador

Según declaraciones publicadas en este Diario, el todavía fiscal provincial de Guayas habría dicho que, habiendo sido designado candidato para integrar la Corte Constitucional, “…esta semana voy a presentar mi excusa en ese tema…” (el caso Chucky Seven). “No voy a resolver ni archivando, ni iniciando instrucción fiscal, sencillamente me excusaré… …para que no se ande diciendo que por archivar me han dado un premio, por no archivar me han dado un castigo, sencillamente por ética…”.

Por Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador


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Según declaraciones publicadas en este Diario, el todavía fiscal provincial de Guayas habría dicho que, habiendo sido designado candidato para integrar la Corte Constitucional, “…esta semana voy a presentar mi excusa en ese tema…” (el caso Chucky Seven). “No voy a resolver ni archivando, ni iniciando instrucción fiscal, sencillamente me excusaré… …para que no se ande diciendo que por archivar me han dado un premio, por no archivar me han dado un castigo, sencillamente por ética…”.

Si de premios o castigos se trata por archivar o por iniciar la instrucción, respectivamente, hay que entender entonces que el fiscal provincial cree que el organismo nominador de los miembros de la Corte Constitucional tiene interés en que archive el caso -para premiarlo- pues en caso contrario lo castigaría; pero no queda claro si esa creencia del fiscal es fruto de alguna mera suposición suya o si ha existido algún pedido o sugerencia concretos.

No me voy a detener en aquello de la mera suposición pues eso queda en el fuero interno del susodicho, más allá de lo peligroso que resulta que un funcionario público tome decisiones, más aún en temas relevantes, con base en su imaginación, como sería el caso; pero si fuese lo segundo, los motivos de “ética” invocados traen a mi memoria que existe un “Código de Ética de las Servidoras y de los Servidores de la Fiscalía General del Estado”, de marzo de 2009, cuyo Art. 10 lo obligaría a informar o denunciar “cualquier tipo de influencia” que se hubiese querido ejercer sobre él en este asunto, poniéndolo en inmediato conocimiento del fiscal general del Estado, con los obvios nombres, apellidos y, para usar un término procesal penal, “la relación circunstanciada” de los hechos. Si no se hubiese hecho esa denuncia -no hay noticias sobre esto- el fiscal provincial hubiese cometido una falta al mentado Código, que tendría que ser investigada por el Comité de Ética (Arts. 16 y 18).

Solo el tiempo se encargará de explicar si fue lo uno o lo otro, pero mientras medito para escribir no deja de sorprenderme mi ingenuidad, pues al fin vivimos en el paisito.