Por Vicente Albornoz
Quito, Ecuador
Es una ley que refleja un profundo desprecio por la inversión privada. Es una ley que destruye cualquier incentivo para democratizar el capital. Es una ley que mataría la economía de cualquier país a no ser que se tenga una inmensa renta petrolera para mitigar los daños que puede producir. Es la ‘Ley para la Defensa de los Derechos Laborales’.
Como muchas cosas en este mundo, este proyecto de ley puede estar lleno de buenas intenciones. Pero lo más probable es que sus efectos finales sean exactamente los opuestos a la defensa de los derechos laborales, porque -de aprobarse- desincentivará la inversión y lo que menos habrá será empleo (con lo cual se anula el primer derecho laboral, que es el derecho al trabajo).
Este proyecto (calificado de urgente y que deberá aprobarse o negarse hasta el 3 de agosto), elimina un tema clave para la existencia de las empresas modernas: la separación entre personas y empresas.
Las empresas modernas suelen requerir grandes cantidades de capital. Por eso, desde fines del siglo XVII existen las sociedades anónimas, en las que muchas personas juntan sus capitales para crear una institución distinta, una ‘persona jurídica’ que puede hacer cosas diferentes de las que podrían hacer las personas por separado.
En una sociedad anónima, el inversionista ‘encarga’ a los administradores de la empresa el buen manejo de su capital y no está involucrado en el ‘día a día’ de las operaciones. Por eso el accionista tampoco puede ser responsable de lo que haga la empresa. Imagínese un caso extremo: usted invierte algo de su dinero en una empresa que luego quiebra y no paga sus obligaciones con el IESS. Usted, que nunca se metió a administrar la empresa, no va a responder con todo su patrimonio por la quiebra, sino solo con aquello que invirtió. Esa es, precisamente, la separación del patrimonio de las personas y de las sociedades. Por eso uno de los tipos de sociedades más comunes se llama ‘de responsabilidad limitada’ pues la responsabilidad del inversionista está limitada al dinero que puso en la empresa.
Pero la revolución ciudadana quiere ‘refundar’ una institución (que tiene más de 300 años y que ha sido uno de los elementos claves para el progreso de las principales economías mundiales) y ahora quiere convertir a todos los accionistas de una sociedad en responsables con todo su patrimonio de las deudas laborales que tenga la empresa. Porque ese es, exactamente, el objetivo del mencionado proyecto.
La empresa con más accionistas en el Ecuador tiene 10 030. Si se aprueba este absurdo, cada uno de ellos será responsable de pagar hasta el último centavo de las obligaciones con el IESS de esa empresa, en caso de que llegue a estar morosa. Y lo más absurdo: esas deudas pasan del accionista a sus herederos.
* El artículo de Vicente Albornoz ha sido publicado originalmente en El Comercio.
Todo se reduce a una consigna: acabar con la empresa y la iniciativa privada, con el trabajo por cuenta propia, y dejar a todos convertidos en empleados del gobierno. No se trata de errores ni de buenas intenciones, sino de una sola estrategia inalterable. Ahora se lo hace enredando y complicando, luego será la prohibición penal más brutal.
No olvidemos la consigna dada por chavez: convertir al Ecuador en una provincia del reino de CUBA !!!
Desde esa óptica se entiende claramente todo lo que hace y dice la Robolucion !!!
Gustavo Vallejo, del Partido socialista:
«Esto no es socialismo»
http://youtu.be/ThUS5O3t6k4
Bienvenidos a la estupidez señores… este es el país con el que sueñan Correa y sus seguidores. Un país de borregos sometidos al todopoderoso Estado, en el que invertir, prosperar, crear empresas y dar trabajo sean cosas del pasado, todo en nombre del Buen Vivir. Pobre país el nuestro!!
cuando se elimino a la pesca de arrastre . Una actividad productiva de 50 años en el pais , nadie hizo ni dijo nada ,solo los directos perjudicados , sus propietarios y tripulantes . Nadie advirtio el precedente grave de eliminar una activida industrial a fin de que ese espacio sea ocupado por la pesca artesanal , que es un actividad informal . Nadie reclamo del grave daño a la seguridad juridica del Pais . Me atrevo a decir que muchos hasta lo vieron con agrado , pues como excusa se habla de una daño ambiental ( despues de 50 años se puede decir que hay un daño ambiental ) . Ahora el turno le toca a otro y a otros sectores productivos . Al final no habra nadie quien reclame …….