Enigmas y consecuencias de la muerte de Payá

Por Joaquín Roy
Miami, Estados Unidos

La trágica muerte de Oswaldo Payá presenta algunas notables incógnitas. Una son los datos fríos y objetivos del accidente de tránsito que acabó con su vida, detalles que en el momento de redactar esta nota no están suficientemente aclarados. La otra dimensión son las consecuencias, tanto en el seno de la oposición al régimen, como en el interior del mismo.

El misterio inicial acerca de los hechos, y su inmediata interpretación por parte de su familia y otros opositores, ha sido ya amplificado comprensiblemente por amplios sectores del exilio. El accidente habría sido provocado. La embestida brutal de otro vehículo estaría impelida por el sistema castrista. En un régimen donde impera una seguridad impresionante, donde los delitos de menor y alta cuantía son raros y no hay núcleos que puedan ser calificados como “crimen organizado”, un accidente provocado de tal manera que pudiera ser calificado de asesinato premeditado solamente podría ejecutarse por decisión o tolerancia del Gobierno.

También podría ser reflejo de tensiones interiores. La agresión habría sido ejecutada por una corriente de acción hiperactivista, más allá del “espíritu revolucionario” que todavía impera en la cúpula del poder presidida por Raúl Castro, inmerso en una apariencia reformista. Tanto si el accidente se trata de un ataque frontal como si es producto de la “disidencia revolucionaria”, el más perjudicado es el propio régimen, al que no le conviene verse señalado con las manos manchadas de sangre.

La aparición de las diversas variantes de la “disidencia”, a la que no se puede considerar como “oposición”, ya que este papel pertenece a organizaciones políticas, benefició paradójicamente al propio régimen. Su tolerancia le servía al régimen para presumir de un liberalismo inexistente. Los propios dirigentes disidentes tenían cierta libertad de movimiento le servía al castrismo de coartada. El Proyecto Varela de Payá, por que se proponía la aplicación de la propia constitución en la liberalización del régimen, no fue respondido por una represión sumaria, aparte de la declaración del parlamento cubano de considerar la “revolución” irreversible.

La publicidad de las acciones de algunos líderes eran moderadamente represaliados con restricciones interiores y prohibición de viajes al exterior, pero no se cruzaba una sutil línea roja en el vecindario de asesinato, prisión, “desaparición”. La excepción fue la desproporcionada medida de 2003 contra más de setenta opositores, que a la larga fue considerado como una contraproducente, con el desenlace de la liberación con el apoyo de la Iglesia y el Gobierno español.

Ante novedosas medidas de reprimenda de Unión Europea y sobre todo el Gobierno español, además de la sistemática política norteamericana, el régimen cubano contestaba con un calculado diente por diente. La posición común inspirada por el gobierno de Aznar en 1996 proporcionó al castrismo la aparición del “segundo embargo”. Si las decisiones de la UE en el 2003 implicaban la invitación a los disidentes a las fiestas nacionales, el Gobierno contestaba con el boicot en llamada “guerra del canapé”. Si las diplomacias europeas expresaban deseos explícitos de visitas a la disidencia, el castrismo contestaba con la ruptura virtual del vínculo diplomático. Al final, el diferendo se resolvía por contactos directos y discretos. El papa Benedicto XVI se adhirió a ese pacto. Era un hipócrita modus vivendi.

Por estos motivos la interpretación de que el accidente ha sido parte de un guión redactado por la dictadura y ejecutado por sus agentes no se sostiene lógicamente. Tal decisión solamente tendría una víctima central: Raúl. Las acciones de la disidencia no se pueden comparar en peligrosidad para la supervivencia del régimen con la gravísima crisis económica, la delicada situación social con la tenaz (re) aparición de las clases sociales, los huracanes y la dependencia de las ayudas del régimen de Chávez. Pero, de confirmarse la interpretación de la autoría gubernamental, tal estupidez política apuntaría a una extrema debilidad del propio sistema, de consecuencias impredecibles.

En cuanto a las consecuencias de la desaparición de Payá, es obvio que el movimiento de la disidencia ha perdido un sólido pilar, que disfrutaba de un prestigio insuperable. Que el Parlamento Europeo (dominado, hay que decirlo, por el sector del Partido Popular que cobija al democristiano) le concediera el Premio Sajarov y que el régimen castrista le permitiera viajar a Estrasburgo y otras capitales europeas, no son nimios detalles. Surge ahora con mayor fuerza la pregunta de si los diversos núcleos de la disidencia tienen el potencial de convertirse en sólidos grupos políticos que algún día sean llamados “partidos”. Se ignora cuál puede ser el futuro del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), sin su líder natural. El futuro de la efectividad del resto de la disidencia está más que nunca sujeto a los esfuerzos interiores, si consigue despojarse de la infiltración y de las lógicas divisiones internas, producidas por la variedad ideológica.

* Joaquín Roy es Catedrático Jean Monnet y Director del Centro de la Unión Europea de la Universidad de Miami. Su texto ha sido reproducido del diario La Prensa, de Nicaragua.

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