La deuda de Alberto Acosta

Por Héctor Yépez Martínez
Guayaquil, Ecuador

Ahora que el frente común de la izquierda ha elegido a Alberto Acosta como su candidato presidencial, viene bien recordar el papel que ha jugado este sector político —y Acosta personalmente— en la construcción del esquema de concentración de poder y pérdida de libertades civiles que hoy vive Ecuador.

Después de apoyar a Lucio Gutiérrez, y luego derrocarlo, la izquierda abanderó con vehemencia a Rafael Correa y participó activamente en Montecristi para forjar la actual Constitución, con una serie de conductas muy poco democráticas. Recordemos: la Asamblea Constituyente, presidida por Alberto Acosta, violando el mandato popular, decidió gobernar de facto todo el país antes de someter el proyecto de Constitución a referéndum. ¿Cómo olvidar que, bajo el falso pretexto de que no había institucionalidad, la Asamblea Constituyente se erigió en una suerte de autoridad divina que legislaba y administraba (o denegaba) justicia en Ecuador, sin ninguna norma que se lo permitiera? ¿Y cómo olvidar que el antecedente de Montecristi fue una burda y violenta destitución de buena parte de un congreso que, nos guste o no, fue tan elegido en las urnas como el Presidente Correa?

En cuanto al contenido de la Constitución, fue esa izquierda la que esculpió el modelo de concentración total del poder en la Presidencia de la República. Obnubilados por el rechazo visceral a todo lo que olía a partidocracia —rechazo compartido por la mayoría de ecuatorianos decentes—, pensaron en destruirlo todo, en crear de cero una nueva estructura política, que terminó sirviendo de alfombra perfecta para un régimen autoritario. Por ejemplo, para evitar los acuerdos políticos en la designación de autoridades de control, tan denostada en la época de la partidocracia, en Montecristi crearon el Quinto Poder, pensando que las autoridades se designarían mágicamente mediante comisiones y veedurías auténticamente ciudadanas. Como cualquier persona sensata hubiera previsto, la idea fue un rotundo fracaso. Hoy el Quinto Poder sirve como dependencia del Ejecutivo y ha resultado mucho peor que los pactos de los viejos congresos. Lo mismo puede decirse del sistema electoral: exigir la inscripción con porcentajes de firmas a las organizaciones políticas solo ha dado lugar a un escándalo en el seno de un Consejo Nacional Electoral completamente entregado al oficialismo.

Por supuesto, hay cosas positivas. Aunque solo en la letra, Montecristi representó avances en derechos y garantías. En parte gracias a la agenda de esa izquierda —implementada en políticas públicas del actual gobierno—, ahora tenemos una enorme y valiosa inversión social, no antes vista en el país. Algunos de sus políticos —el primero de ellos, Acosta— son gente decente, a diferencia de tantos caciques que han hastiado de corrupción al país y hoy lo siguen haciendo, con nuevos colores y camisetas. En cuanto a la libertad de expresión, Acosta siempre criticó la criminalización de las protestas sociales, pero calló en el embate contra los medios, aunque luego rectificó. Y también hay que reconocer que la izquierda decente se apartó del gobierno de Correa por razones de principio: en el caso de Acosta, cuando discrepó sobre el modo de debatirse el proyecto de Constitución; en el caso de otros, como Ruptura, cuando Correa empezó a abusar de ese aparato autoritario que le habían construido, especialmente luego de la consulta popular para controlar la Función Judicial. Pero su reacción llegó cuando ya era demasiado tarde: se habían vuelto prescindibles.

Alberto Acosta y todo el sector político que arrimó el hombro para erigir el presente autoritarismo tienen una gran deuda con el país. A pesar de su discurso actual, en Montecristi demostraron que el respeto a las libertades y a la democracia no es un eje fundamental de su programa, cuando las pusieron por debajo del logro de sus objetivos políticos. No es la ingenuidad de haber apoyado un ensayo totalitario lo que deben admitir Alberto Acosta y la izquierda —muchos ecuatorianos de buena fe lo hicieron—, sino el error de haber hecho lo mismo que tanto se criticó de la partidocracia. Mientras no paguen esa deuda, su propuesta aparecerá como un intento de reemplazar personas y metas, lo cual es legítimo, pero no de restaurar la democracia y las instituciones en Ecuador.

Publicado en el blog www.realidadecuador.com