Ecuador, domingo 21 de enero de 2018

Escudriñar el pasado

Por Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador

Ahora que ya está posesionado el flamante superintendente antimonopolios, vuelve a tener actualidad práctica, y a generar incertidumbre, un grave error que consta en el reglamento de la ley del control del poder de mercado, cual es pretender que todas las operaciones de concentración económica (fusiones, compras de empresas, etc.) que se hubiesen efectuado desde que se expidió la ley de la materia (octubre de 2011) hasta que se posesionó el superintendente (septiembre de 2012, casi un año después), le sean ahora notificadas a dicho funcionario para que las analice y decida si se encuentran entre aquellas que requerían de autorización previa, conforme a la ley.

Por Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador


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Ahora que ya está posesionado el flamante superintendente antimonopolios, vuelve a tener actualidad práctica, y a generar incertidumbre, un grave error que consta en el reglamento de la ley del control del poder de mercado, cual es pretender que todas las operaciones de concentración económica (fusiones, compras de empresas, etc.) que se hubiesen efectuado desde que se expidió la ley de la materia (octubre de 2011) hasta que se posesionó el superintendente (septiembre de 2012, casi un año después), le sean ahora notificadas a dicho funcionario para que las analice y decida si se encuentran entre aquellas que requerían de autorización previa, conforme a la ley.

De concluirse que tal visto bueno era necesario, debiera, según el reglamento, iniciarse el trámite respectivo para obtenerlo, aunque se trate de operaciones ya concluidas; y si bien una posibilidad es que a la finalización de dicho trámite la autorización sea concedida, también es posible que se emita una negativa, sobre hechos ya ejecutados. En este último caso habría que desandar lo ya caminado, pese a que a las empresas del caso no se les pudiese imputar omisiones ilícitas, pues durante todo el largo período transcurrido, desde que se dictó la ley hasta que se posesionó el superintendente, no había autoridad a la que dar aviso de la operación.

Como decía en la época en que fue expedido, al aludido reglamento se le fue por completo la mano en este asunto. La demora estatal en designar superintendente no podía paralizar a los operadores económicos, y menos puede generar ahora consecuencias negativas por no haberse cumplido con lo imposible. A eso se suma otro asunto pernicioso en la práctica: a una entidad pública recién creada, y que según informaciones de prensa recién está buscando donde ubicarse, se la pretende recargar con labores de arqueología, mirando el pasado, en lugar de fomentar que se dedique a lo que debe ser su misión fundamental, cual es que vigilar que las empresas jueguen limpio en el mercado, en beneficio de una sana competencia y de los consumidores.