Por Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador
Fue el tiempo que permaneció en la cárcel Alexander Barankov, el exoficial del Ejército de Bielorrusia, mientras se estudiaba un pedido de extradición del gobierno de su país por supuestos delitos contra la seguridad estatal. Su caso alcanzó notoriedad, pues marcaba en esos días un contraste bochornoso con la protección diplomática que el hacker Assange recibía del Ecuador en Londres. Al final, Barankov obtuvo su libertad y su estatus de refugiado fue confirmado; fue un beneficiario accidental del show montado en Londres. Habría sido indefendible mandarlo a Barankov a manos del dictador fascista que gobierna su país, por un lado, y, por el otro, decirle al mundo que el asilo a Assange había sido concedido precisamente para evitar una imaginada extradición a Estados Unidos. Para el abogado del bielorruso, en el final feliz que tuvo su cliente los medios de comunicación jugaron un papel clave.
A estas alturas, el affaire Barankov está casi olvidado. Es una lástima que así sea, pues el caso es supremamente revelador del estruendoso fracaso de la reforma judicial en el Ecuador, del completo control político del sistema judicial y de la total desprotección jurídica que se vive. Bajo los tratados internacionales de derechos humanos, la Constitución, las leyes y, lo más importante, un elemental sentido de justicia, Barankov nunca debió estar en la cárcel, ni un solo día, pues no había cometido delito alguno. Y, sin embargo, pasó 84 días encarcelado. Permaneció detenido como un criminal sentenciado “mientras se estudiaba el pedido de extradición”. Extradición que jurídicamente era improcedente, pues su estatus de refugiado lo impedía. Esto lo sabe cualquier estudiante de derecho. ¿Cuál fue entonces la base legal de su detención? ¿Qué habría pasado si su caso y el de Assange no se hubiesen cruzado, o si los medios de comunicación no hubiesen informado sobre su situación? ¿Quién le devuelve esos 84 días en la cárcel?
Lo de Barankov no es un caso aislado. No es ni uno de cien, ni uno de mil. El suyo es la expresión estructural de un sistema de justicia que ha perdido todo, ha perdido su autonomía, su independencia, su dignidad. Es un sistema que, con escasas excepciones, parecería nadar en un mar de vergüenza y cinismo. Tanto es así que hace poco se ha consagrado judicialmente como perfectamente normal que los jueces no sean los autores de las sentencias que firman. O que la misma Corte que hoy valora la vida de una exministra en 150 mil dólares luego de años de litigio, sea la que ayer valoró el honor de un ciudadano en 40 millones de dólares luego de un proceso velocísimo.
Sí. Ciertamente. El Ecuador tiene un sistema judicial. Pero está allí simplemente para dar la apariencia de que existe, como para cumplir una formalidad. Así claro, en Ecuador existen juzgados, cortes, tribunales; tiene una Constitución y leyes. Pero nada más. Son como simples adornos; como las alfombras que yacen en el suelo para ser pisadas a gusto por los dueños de la casa.