Por Bernardo Tobar
Quito, Ecuador
La libertad de empresa, protegida expresamente en la anterior Constitución, no goza de garantía específica en la Carta de Montecristi; habría que construirla a fuerza de inferencias interpretativas, tarea que tropieza con ambigüedades como la del Art. 66 (15), que se refiere al derecho a realizar actividades económicas en forma individual o colectiva, bajo los principios de solidaridad y responsabilidad social y ambiental. Dicho en castellano, producción comunitaria y cooperativismo, y en tanto no haya ánimo de lucro, incompatible con el Sumak Kawsay. Cierto que el Art. 319 reconoce, entre otras formas de producción, la organización empresarial, pero en un contexto -Art. 335- en que el Estado «regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los intercambios y transacciones económicas», con atribución incluso para definir políticas de precios, mientras podría, con recursos de los contribuyentes, alimentar la formación de empresas públicas que compitan, en evidente situación de privilegio, con el sector privado.
En síntesis, Montecristi nos entregó a regañadientes una libertad de empresa -si todavía puede llamarse así- bastante condicionada y vulnerable. De cumplirse esta desafortunada ley suprema en toda su extensión, daría lo mismo tener un funcionario público con poder de veto sentado en el directorio de cada empresa. La izquierda radical desdeña la libertad económica, le desconoce su parentesco con los demás derechos humanos fundamentales, cuya raíz ontológica comparte, la degrada en medida inversamente proporcional al aumento del tamaño del Estado.
La cuestión trasciende las paredes de los laboratorios donde los académicos experimentan con ideología ya caduca y probada -por sus nefastos resultados- y la transforman en normas jurídicas, pues hay una relación directa y constante entre las oportunidades de empleo -y consiguientemente de bienestar social- y el grado de libertad económica. La décimo sexta edición del estudio sobre libertad económica publicado este año por el Instituto Cato posiciona entre los 10 países con mejores índices en esta materia a Chile y Suiza, cuyas tasas de desempleo en 2011 fueron de 6.6% y 3.1% respectivamente. Chile ha creado 639 000 empleos en los dos últimos años, aproximadamente el 4% de su población. En los países ubicados en el cuartil más alto del índice de libertad económica, el 10% más pobre tiene ingresos per cápita de $11 382, que es más del doble que el ingreso per cápita promedio de las naciones menos libres.
Chile, contra la etiqueta vendida por el socialismo latinoamericano, es comparable solo a Suiza en su férrea defensa de la libertad económica, eje central de su constitucionalismo tanto como en Ecuador lo es el bendito buen vivir.
Hemos sido demasiado conservadores como para romper los moldes ideológicos del siglo antepasado -¡Montecristi Vive Carajo!-, y aceptar que el crecimiento empresarial es un derecho social más, que las personas pueden aspirar tanto a expresarse libremente o a educarse y gozar de salud, como a emprender y aplicar su creatividad en la generación de fortuna y empleo. Que no hay salud social posible que no incluya las libertades, todas.