Editorial del diario ABC Color
Asunción, Paraguay
La situación de incertidumbre política en que se encuentra sumida Venezuela a raíz de la grave enfermedad terminal que padece Hugo Chávez, así como los diversos escenarios que se plantean en torno a la inexorable sucesión presidencial, constituyen una excelente oportunidad para que la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) demuestre la honestidad de sus intenciones y la sabiduría de sus miembros, principalmente en la desafiante tarea de velar por el fiel y puntilloso cumplimiento de lo que la Constitución venezolana establece para casos de acefalía en el poder.
El presidente Chávez debe asumir un nuevo mandato el próximo 10 de enero (fecha establecida en el artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela). Sin embargo, de acuerdo con el artículo 233 de la misma Ley Fundamental, si su deceso se produjere antes de esa fecha, el presidente de la Asamblea Nacional asume temporalmente la Presidencia de la República, y a los 30 días deben celebrarse nuevas elecciones.
En declaraciones a la agencia noticiosa AP, Román Duque Corredor, exmiembro del Tribunal Supremo de Justicia, advirtió que el candidato electo –en este caso, el actual mandatario– no puede delegar “en nadie” su juramentación como mandatario, y que dicho acto tampoco puede celebrarse fuera del país, como algunos estarían pretendiendo, dado que Chávez se encuentra convaleciente en La Habana. “Eso sería algo subversivo, eso sería ir contra toda regla fundamental de funcionamiento de los poderes públicos en Venezuela”, señaló el exmagistrado.
El exjerarca señaló que, en última instancia, si un equipo médico certifica la “incapacidad temporal” del mandatario, el Legislativo puede acudir al lugar en que el mismo se encuentre y tomarle juramento. No obstante, para ser legal, esta situación debe registrarse dentro del territorio venezolano y con el afectado en pleno uso de sus facultades mentales.
Ahora bien, la misma Constitución venezolana contempla la posibilidad de que la acefalía se produzca en otra situación, es decir, después de cumplimentado el acto de juramentación el 10 de enero.
El artículo 233 prescribe: “Si la falta absoluta del Presidente o la Presidenta de la República se produce durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Vicepresidente Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva”.
Ahora bien, como en Venezuela rige un régimen personalista y autocrático en el que las instituciones democráticas tienen una existencia prácticamente virtual, y habiendo Hugo Chávez designado a dedo a Nicolás Maduro como su “sucesor”, es menester que organismos que se ufanan de estar muy consustanciados con la preservación de los valores republicanos como la Unasur estén en alerta para evitar cualquier nueva alteración democrática en la mencionada nación sudamericana.
De hecho, el caso de Venezuela representará una prueba de fuego para la Unasur, sobre todo para demostrar su imparcialidad y desapego a tendenciosas corrientes ideológicas. En este sentido, es de esperar que evidencie el mismo inquebrantable celo que puso el pasado mes de junio en nuestro país, cuando su comitiva de cancilleres se apersonó aquí para “exigir” el cumplimiento de las garantías constitucionales concernientes al enjuiciamiento político por el Congreso del entonces presidente Fernando Lugo.
Como todo parece indicar que más pronto que tarde deberán realizarse nuevas elecciones en Venezuela, se supone que la Unasur también designará una Misión de Observación para acompañar los comicios, a fin de garantizar que todos los candidatos tengan igualdad de oportunidades en la justa electoral, y que la monstruosa maquinaria de prebendarismo estatal montada por el chavismo no haga inclinar la balanza hacia uno de los lados.
La opinión pública mundial y la comunidad internacional podrán calibrar en la actual coyuntura que atraviesa la subyugada y afligida Venezuela las verdaderas proporciones de la erosión democrática producida por el chavismo en esa nación hermana.
Este es, pues, el momento ideal para que la Unasur demuestre si su verdadera misión se orienta a colaborar con los pueblos en la consecución de sus aspiraciones de consolidación institucional y prosperidad material, o si no es más que un club de vulgares manipuladores destinado a preservar el poder de los presidentes de un mismo signo ideológico. En esta crucial encrucijada la encuentra la crisis política que hoy les toca vivir a las venezolanas y los venezolanos.