Héctor Yépez Martínez
Guayaquil, Ecuador
No es ningún secreto que el Presidente Correa lidera una cruzada contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Él insistentemente cuestiona a la CIDH por solicitar medidas cautelares a los Estados para proteger a víctimas de violaciones de derechos humanos. ¿Por qué tanta molestia? Como recordarán, la CIDH dictó medidas cautelares para impedir la ejecución de la sentencia del caso El Universo, célebre por serios indicios de fraude judicial. Ese es un pecado que este gobierno aún no le logra perdonar.
Un capítulo de esta cruzada fue una reciente reunión diplomática en Guayaquil, dirigida por el Presidente Correa, donde insistió en eliminar las medidas cautelares entre una serie de reformas que, al final del día, recibieron una tibia acogida en la política latinoamericana. Algunas propuestas son razonables. Otras son superficiales. Otras son una terrible amenaza para la defensa de los derechos humanos en la región.
El gobierno pide eliminar las medidas cautelares argumentando que no están consagradas en el Pacto de San José, aunque sí están previstas en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH. Aquí algo no cuadra. ¿Por qué no cabildeamos para incluir las medidas cautelares en el Pacto de San José en vez de anularlas? ¿Olvidan que este mismo gobierno logró medidas cautelares de la CIDH que salvaron la vida de Nelson Serrano, ecuatoriano condenado a muerte en Estados Unidos? ¿La protección de la CIDH es buena cuando la pide un Estado, pero se vuelve mala cuando la piden los periodistas?
Todo parece encajar en un plan más amplio. El gobierno plantea que las medidas cautelares pasen de la CIDH a la Corte Interamericana, con lo cual no podrían ser dictadas con carácter urgente y no podrían cumplir su fin de evitar violaciones de derechos humanos antes de que ocurran. La coincidencia es que el Presidente también emprende una cruzada similar casa adentro: ya anunció una reforma constitucional contra las acciones de protección, que son garantías para proteger derechos humanos a nivel nacional. ¿Atamos cabos? Si desaparece la efectividad de las medidas cautelares de la CIDH, a la par de las acciones de protección en la Constitución, no existirá, en la práctica, ningún mecanismo nacional o internacional para impedir violaciones de derechos en el Ecuador. ¿Qué hay detrás de todo esto?
La gravedad de la propuesta —afortunadamente rechazada por la mayoría de la región— eclipsa otras que vale la pena comentar. No es descabellado que, salvo casos urgentes, se pida la opinión del Estado antes de dictar la medida cautelar, ni que la CIDH emita un informe motivado sobre su emisión. También estoy de acuerdo en que la sede de la CIDH pase de Washington a Buenos Aires, ya que EEUU no es parte del sistema interamericano de derechos humanos (aunque, a pesar de ello, sí acató las medidas cautelares de la CIDH en el caso del ecuatoriano Nelson Serrano).
El gobierno lleva tiempo criticando que la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) reciba más fondos que otras. Sin embargo, para cualquiera que esté interesado en mejorar la defensa de los derechos en vez de empeorarla, lo lógico sería que el presupuesto de las demás relatorías aumente y no que el de la Libertad de Expresión disminuya.
Por último, se cuestiona que el financiamiento y la nacionalidad de los comisionados de la CIDH puedan venir de países que no forman parte del sistema interamericano, lo cual sería, según dice, un “neocolonialismo” para someter a las naciones de la Patria Grande. Propone, en cambio, que solo provengan de los países signatarios del Pacto de San José. No suena mal, pero me queda una duda… Si Correa primero dice estos factores —financiamiento y nacionalidad de los comisionados— son formas de control político de la CIDH, pero luego propone que esos mismos factores simplemente pasen al control de los países signatarios, ¿entonces el objetivo, en la teoría del propio Correa, es que estos últimos ejerzan una manipulación política en la CIDH? Si es así, ¿podrá la CIDH ser independiente para vigilar y acusar a los gobiernos que la sostienen económicamente?
Nuestro sistema regional de derechos humanos, que siempre será perfectible, es uno de los mayores logros de la integración latinoamericana. La actitud del gobierno de Ecuador solo retrocedería décadas en una institución internacional que ha defendido, como ninguna otra, a los seres humanos de América Latina. No hay justificación. Para construir carreteras no hace falta destruir libertades y ningún Estado se vuelve menos eficaz por proteger los derechos de sus ciudadanos. Esto no es cuestión de ser de izquierda o derecha, oficialista u opositor. Los derechos de las personas están por encima de las filiaciones políticas. Ahora debemos garantizar que permanezcan también por encima de las ambiciones del poder.
* Publicado originalmente en el blog www.realidadecuador.com