William Burns
Washington, Estados Unidos
Cuando el esposo de Maria da Penha le disparó en la espalda, dejándola parapléjica, ese fue el momento culminante de años de violencia doméstica. En su lucha por encontrar justicia, Maria tuvo la suerte de encontrar un aliado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IACHR, por sus siglas en inglés), un respetado organismo independiente fundado en 1959 para proteger los derechos de las personas en todas las Américas. Luego de las averiguaciones de la Comisión sobre el caso, el Gobierno de Brasil tomó medidas decisivas: el exesposo de Maria fue a la cárcel y, en el año 2006, Brasil promulgó una ley ejemplar sobre la violencia contra la mujer. Se la nombró la Ley Maria da Penha.
Hoy es la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que está bajo ataque y debe ser defendida. A lo largo del año transcurrido, una determinada minoría de gobiernos ha intentado socavar la autonomía e integridad de esta institución. Sus motivaciones son diversas, pero constituyen un importante desafío para los derechos humanos y la dignidad. En algunos países, los líderes populistas, impacientes o frustrados con los procesos democráticos, están ejerciendo un mayor control sobre los medios, el poder judicial y las legislaturas, y consideran la supervisión de la Comisión como un obstáculo a sus ambiciones. En otros casos, los gobiernos han fomentado desacuerdos parroquiales en relación con resoluciones específicas de la Comisión, que eclipsan una mejor apreciación que su función tiene en el hemisferio.
Estados Unidos sabe que a muchos países de la región les preocupa un intervencionismo injustificado. Pero esa no es razón para desmantelar una institución que ha favorecido la causa de los derechos humanos. El Hemisferio Occidental ha estado en la vanguardia a la hora de establecer normas para la democracia, las cuales fueron admiradas en el mundo. No hace mucho tiempo que los líderes de muchas de las democracias actuales en las Américas –incluyendo a algunos de los duros críticos de la Comisión– estaban luchando por esos derechos.
Durante la Guerra Fría, la Comisión enfrentó a poderosos dictadores militares, documentó desapariciones forzadas y catalogó el costo humano de las brutales guerras civiles. En las décadas de 1980 y 1990, al establecerse la democracia, la Comisión respaldó el progreso regional para confrontar los legados del autoritarismo: la impunidad ante las atrocidades cometidas en el pasado, la discriminación contra las mujeres y las minorías y la censura de los medios informativos. En los últimos años, ha combatido amenazas contra la libertad de expresión y ha trabajado para abordar la violencia contra la mujer, los derechos de los indígenas y la discriminación basada en la orientación sexual.
Sin lugar a dudas, un organismo al ejercer un control independiente puede ser un obstáculo para los gobiernos, incluyendo al nuestro; pero las verdaderas democracias deben aceptar abiertamente el escrutinio y la oportunidad de mejorar sus prácticas en materia de derechos humanos. Esta es la razón por la cual Estados Unidos está comprometido con el financiamiento de la Comisión, e incentiva a nuestros socios hemisféricos a hacer lo mismo.
También respondemos ante la Comisión cuando se nos plantean temas como la pena de muerte, los derechos humanos de los inmigrantes y de los menores de edad encarcelados y sobre la situación de los reclusos en el centro de detención de la Bahía de Guantánamo. En cada uno de estos casos, Estados Unidos ha dialogado de forma constructiva con la Comisión y con la sociedad civil para atender estos asuntos de interés.
No hay duda de que se puede lograr que el sistema interamericano de derechos humanos sea más eficiente, pero la reforma no debe convertirse en un pretexto para disminuir la autonomía, independencia e integridad de la Comisión.
Las democracias de nuestro hemisferio deben continuar defendiendo la justicia, la transparencia, el estado de derecho y la dignidad humana en nuestra región y más allá. Cuando esta semana se reúnan en la OEA, en Washington, las naciones de las Américas determinarán si sus ciudadanos seguirán contando a su favor un defensor de los derechos humanos consolidado e imparcial, como lo tuvo Maria da Penha. La posición de Estados Unidos sobre este tema es clara: debemos permanecer unidos para defender y financiar enteramente a la Comisión que nos ha defendido desde hace tanto tiempo.
(*) Vicesecretario de Estado de los EE.UU. de América. Columna publicada originalmente por el diario The Miami Herald.