Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador
Mamotreto: «Libro o legajo muy abultado, principalmente cuando es irregular y deforme» (DRAE). No parece, entonces, que ese sea el calificativo adecuado para el reciente proyecto de reformas a la ley de inquilinato aprobado por la Asamblea y objetado totalmente por el Ejecutivo. Mejor adjetivo era absurdo, por lo disparatado de algunas de sus disposiciones, al menos en dos temas concretos en los que inocultablemente aflora la demagogia.
El primero, que en el caso de alquiler de inmuebles que están bajo el régimen de propiedad horizontal (condominios) «no se podrá atribuir al arrendatario el pago de las expensas, el pago de las mismas será asumido por el arrendador»; con ello no solo se hubiera liberado al arrendatario de la carga del mantenimiento rutinario de bienes comunes que usa y disfruta, sino que también, de hecho, se hubiese rebajado el límite máximo para los cánones de arrendamiento (doceava parte del 10% del avalúo comercial municipal) que existe ya en la ley vigente y cuyo texto de boca hacia afuera ni siquiera se habría intentado tocar en el proyecto reformatorio.
El segundo es el asunto del fondo de garantía que se acostumbra a rendir para cubrir los eventuales daños que el arrendatario pueda causar al inmueble. Pretender que ese dinero sea depositado a la orden del municipio respectivo en el Banco de Fomento raya en chifladura, pues no está entre los fines de los cabildos convertirse en depositario fiduciario de fondos relacionados con actividades enteramente privadas. Verdad es que a veces hay abusos, de lado y lado, alrededor de la garantía (o el arrendador no la devuelve con el pretexto de daños inexistentes, o el arrendatario deja de pagar los últimos cánones, con la olímpica salida de que a estos se «aplique» la garantía), pero la solución a esas controversias entre privados, que no van a dejar de existir, no es hacer custodio de los fondos a los municipios, sino procedimientos judiciales ágiles que el proyecto en cambio sí proponía instaurar, pero que por causa de los absurdos antedichos terminaron incluidos en el veto total. Hubiese sido preferible uno parcial.