Ecuador, jueves 18 de enero de 2018

Aborto no punible en casos de violación

Mauricio Maldonado Muñoz
Quito, Ecuador

Obligar a que una mujer violada continúe con un embarazo implicaría consentir, al menos, los siguientes supuestos: a) Que la mujer en estado de gravidez deba tener el hijo de una relación que no ha consentido de manera alguna en un acto que resulta de suyo injusto y delictual; b) Que aún a falta de ese consentimiento se le imponga a la mujer un deber que no habría tenido en circunstancias normales; c) Que estas circunstancias normales se equiparen con las circunstancias excepcionales que resultan de un embarazo por violación. A mi parecer estos argumentos resultan irrazonables y sostenerlos implicaría soslayar dos factores presentes en toda violación: la fuerza y la falta de consentimiento.

Mauricio Maldonado Muñoz
Quito, Ecuador


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Ya antes, en este mismo portal, me he pronunciado acerca del aborto. En aquella ocasión señalé que no existía una justificación jurídica para aceptar el aborto en términos generales. Al final del artículo indiqué, sin embargo, que en los casos de violación esa pretensión podía tenerse por razonable. Ahora explicaré brevemente los motivos por los que considero que esto es así.

Obligar a que una mujer violada continúe con un embarazo implicaría consentir, al menos, los siguientes supuestos: a) Que la mujer en estado de gravidez deba tener el hijo de una relación que no ha consentido de manera alguna en un acto que resulta de suyo injusto y delictual; b) Que aún a falta de ese consentimiento se le imponga a la mujer un deber que no habría tenido en circunstancias normales; c) Que estas circunstancias normales se equiparen con las circunstancias excepcionales que resultan de un embarazo por violación.

A mi parecer estos argumentos resultan irrazonables y sostenerlos implicaría soslayar dos factores presentes en toda violación: la fuerza y la falta de consentimiento.

La violación es, está claro, un acto forzado, pues no ocurre en circunstancias comunes, sino que es producto de un primer sacrificio que la víctima no estaba obligada a soportar. La mujer violada es sujeto de un ataque del que se producen muchos efectos indeseados y que ella no ha buscado ni consentido (la víctima no ha buscado esa relación sexual, no la ha aprobado, la única razón para que se produzca ha sido un acto de fuerza evidentemente injusto y desproporcionado).

Téngase en cuenta que si trataramos del mismo modo a los embarazos producidos en circunstancias comunes y a los producidos en violaciones, estaríamos realizando una inconveniente igualación en efectos ante supuestos claramente diferenciables. Parece, sin embargo, que es más razonable que no se imponga el mismo deber a la madre que ha consentido una relación sexual que a la que no lo ha hecho en absoluto, porque claramente los efectos que se derivan de un caso y otro son diversos.

El aborto en casos de violación, por supuesto, difiere del que supondría defender el aborto en términos amplios y en todos los casos. En el escenario general los argumentos para defender el aborto se basan, simplemente, en la mera liberalidad o en la defensa de la autonomía de quien aborta, sin considerar los demás factores, sobre todo la presencia del propio consentimiento en la relación sexual y los derechos del nasciturus, en un contexto en que no puede advertirse ningún desequilibrio en la justicia y en el derecho de lo razonable.

Habiendo diferenciado uno y otro caso, no debe dejar de tenerse en cuenta que el derecho de modo general suele otorgar derechos defensivos ante ataques injustos que pueden afectar a las personas. Eso ocurre porque el derecho admite evitar los efectos dañosos devenidos de las inconductas jurídicas. Un ejemplo claro es la legítima defensa. En el caso de la violación hay una injusticia de la que deviene un derecho defensivo que consiste en evitar los efectos consecuentes que ella produce.

Se ha dicho que, en todo caso, la mujer violada siempre podría dar en adopción al infante una vez que el parto se haya producido (y así “evitar” los efectos dañosos). Sin embargo, eso significaría poner a la mujer en posición de medio, lo que contraría el hecho extendidamente aceptado de que las personas constituyen un fin en sí mismo.

Cualquier intento de usar a las personas como medios deriva en una necesaria injusticia, pues el derecho no se impone como un orden que deba exigir heroísmos o sacrificios eximios que rebasan las cargas que las personas deban soportar razonablemente.

De todo lo anterior se sigue que la dignidad, como base de los derechos fundamentales, y el derecho a la integridad sexual, psicológica y física de la víctima, hallan un mecanismo de defensa al procurar evitarle un sacrificio desproporcionado que no ha buscado y, sobre todo, que no es atribuible en modo alguno a su propia responsabilidad.